La propia publicación sostiene que las cámaras estarían destinadas a espacios comunes y que no deberían enfocar el momento en que el elector emite su voto ni permitir identificar la opción elegida.

Sin embargo, el anuncio abre interrogantes que merecen respuestas claras: ¿quién autorizará esas cámaras?, ¿quién tendrá acceso a las imágenes?, ¿dónde estarán ubicadas y quién garantizará que no puedan utilizarse para identificar o intimidar a electores?

En especial, debe despejarse cualquier temor entre funcionarios públicos o personas que pudieran sentirse presionadas políticamente.

El voto debe ejercerse libremente y en secreto.