Este nuevo caso de violencia familiar que terminó con un hombre fallecido deja en evidencia la falta de respuesta de las instituciones ante las denuncias de violencia. En abril pasado, la mujer denunció que el empresario supuestamente incendió su vivienda, dañó su vehículo y la amenazó de muerte mediante mensajes.
Sin embargo, el fiscal Fernando Galeano solo imputó al hombre por “producción de riesgos comunes”, una calificación que nada tiene que ver con lo que en verdad ocurrió. Custodio de Oliveira afirma que las agresiones se prolongaron durante años y cuestiona que la denuncia anterior no haya derivado en una protección efectiva. Considera que los antecedentes fueron minimizados y que la violencia denunciada debió investigarse con mayor rigor.
Desde la clandestinidad, la mujer manifestó que está dispuesta a entregarse, pero teme que el fiscal de Minga Porã, Fernando Galeano, se concentre únicamente en el homicidio y no considere el historial de violencia de la pareja.
Por ese motivo, pide garantías para comparecer ante la Justicia y solicita que otro agente fiscal intervenga en la causa. Asegura que cuenta con fotografías y videos que demostrarían las agresiones que sufrió.
Además, lanzó sospechas sobre un supuesto pago del empresario al fiscal para minimizar las denuncias anteriores, acusación que deberá ser comprobada.
El caso plantea interrogantes sobre la actuación policial y fiscal ante las denuncias previas. La investigación deberá esclarecer tanto las circunstancias de la muerte como la posible existencia de omisiones en la protección de la mujer.
