Para el jefe comunal capitalino, el agente de la Unidad Contra Delitos Económicos y Anticorrupción habría incurrido en las causales contempladas en los artículos 54 y 57, inciso b del Código Procesal Penal, el primero referente a la correcta aplicación de la ley y el segundo las circunstancias específicas que comprometen sus criterios de actuación.

Nenecho señala que el agente fiscal, cuya separación pretende, desde el año 2021 tomó conocimiento de la Nota de la Contraloría del 1 de diciembre de 2020 y proporcionada por la propia Municipalidad e ingresada a través de la mesa de entrada de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como expediente Nº 6886. Agregó que la DINCP emitió un “dictamen fulminante y lapidario respecto a que no ha existido ningún hecho punible que haya podido cometer algún funcionario de la Municipalidad de Asunció”.

Del Dictamen Técnico remitido por la Contraloría General de la República, se desprende supuestas irregularidades en los procesos de contratación llevados a cabo por la Municipalidad de Asunción en el periodo de enero a diciembre del 2020 en el marco de la Emergencia Nacional declarada por Pandemia COVID-19 utilizando fondos presupuestarios del objeto de Gasto 831 «Aportes a Entidades con Fines Sociales y al fondo nacional de emergencia».

Se aclara que, los procedimientos licitatorios referidos en el citado informe no se rigen por las reglas y procedimientos establecidos en la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, teniendo en cuenta que el rubro afectado se halla previsto en el Objeto de Gasto 831 Aportes a entidades con fines sociales y al fondo nacional de emergencia, conforme lo menciona el propio Informe Técnico de Contrataciones DGCCPE N°45/2021”, expuso el dictamen de Contrataciones.

“Es menester considerar que en las contrataciones excluidas son responsables los titulares de los organismos, entidades y municipalidades, de la aplicación de criterios que garanticen al Estado Paraguayo las mejores condiciones, conforme a los principios señalados en el Artículo 4º de la Ley de Contrataciones.”, afirma

Este informe concluye además que ante la falta de méritos para una investigación de oficio corresponde el cierre del caso.

En el escrito se agrega que a más de 3 años de la denuncia y al no emitirse ningún requerimiento al respecto, tampoco acto investigativo alguno, se ven comprometidos los criterios de gestión del fiscal recusado.

Respecto a la desidia y el desinterés latente, se agrega igualmente la conculcación de los Principios de Lealtad y de buena Fe procesal, que dilucida sobre el alcance de la parcialidad de los fiscales en su carácter de parte en el cedimiento de persecución; puesto que el Fiscal por mandato institucional debe averiguar no solo las circunstancias que ven de inculpación, sino también las que sirven de culpación.

“Con la indolencia y la indiferencia hacia sus funciones propias, el Fiscal Corbeta Dinamarca ha quebrantado su función jurídica que es pública y que tiene encomendada, como órgano del Estado que es”, señala el intendente.

A la vista de que el concepto de «dilación indebida es abierto, palpable y determinado, y el retraso se ha producido por desidia, desinterés, pereza y flojedad atribuible exclusivamente al Agente Fiscal Silvio Corbeta Dinamarca; conducta absolutamente injustificada y que se constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable; más aun cuando se cuenta con todos los elementos que desvirtúan completamente la continuidad de la investigación”, finaliza el argumento de recusación dirigido al Fiscal General.

La recusación de Nenecho es otra muestra de que los funcionarios públicos sospechados de la posible comisión de hechos punibles, no quieren que sus casos sean investigados por el fiscal Corbeta. Al igual que el intendente de Asunción, el senador Erico Galeano y el intendente de Ciudad del Este, entre otros, intentaron en reiteradas ocasiones apartar de sus causas al referido agente fiscal.

Corbeta, la semana pasada acusó al senador Erico Galeano por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, al vincularlo con la banda liderada por el prófugo Sebastián Marset y Miguel Insfrán, alias Tío Rico.

El Observador