También afecta a Enrique Blanco Roa y Claudio Ramón Orrego Ramos, efectivos del Área Naval, destacados en los controles al momento del procedimiento. Asimismo, Elsa Mabel Chamorro y Carlos Alberto Montanía, civiles, presuntos contrabandistas que se encontraban esperando abonar sus cupos para el paso sin control de sus mercaderías. Los aduaneros y marinos habrían estado solicitando y recibiendo sumas de dinero en efectivo para omitir el control y habilitar el paso de mercaderías indocumentadas sin realizar los procedimientos establecidos en el código aduanero.

La comitiva, encabezada por el fiscal Estigarribia, se incautó del poder del funcionario de Aduanas Ferreira Cabanella la suma de G. 1.150.000 y una cartera que contenía G. 5.850.000. El marino Blanco Roa tenía G. 691.000, mientras los demás encausados tenían sumas menores, según las constancias obrantes en la carpeta de investigación fiscal. Al momento del procedimiento, Virgilio Ferreira se encontraba en la caseta allanada en compañía de Elsa Chamorro, presunta usuaria del paso ilegal de mercaderías. Los dos agentes militares recibían a personas que se hallaban tramitando la entrega de dinero en efectivo para el usufructo del paso de productos varios.

La actuación fiscal se dio en el diligenciamiento de la denuncia presentada por el abogado Emilio Fuster, ministro secretario de la unidad interinstitucional para la prevención, combate y represión al contrabando y el ministro anticorrupción, René Fernández. Los imputados serían parte de una organización delictiva que de manera frecuente ejecutaba sus actividades al margen de la Ley, sospecha que se pretende confirmar mediante las filmaciones del circuito cerrado de seguridad instalada en la zona primaria.

Conforme a la teoría de los denunciantes, los protagonistas se repartían las tareas en la parte externa de la caseta y en su interior para iniciarse posteriormente el proceso de paso de mercaderías ilegales que son finalmente comercializadas en diferentes puntos del territorio nacional. La acción no hizo más que corroborar situaciones harto conocidas por la comunidad.