Legisladores de distintos sectores de la oposición presentaron una ampliación de la denuncia penal contra el presidente de la República, Santiago Peña, incorporando nuevas líneas de investigación que alcanzan a las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), organismos previsionales y varias instituciones públicas que mantenían depósitos e inversiones en la Ueno Bank.
La presentación fue impulsada por los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Ever Villalba, Rubén Velázquez e Ignacio Iramain, además de los diputados Raúl Benítez, Leide Galeano, Johana Ortega y Adrían Billy Vaesken.
El escrito amplía la denuncia presentada el pasado 22 de octubre de 2025 contra Peña, por presuntos hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
Esta vez, los denunciantes sostienen que la investigación no puede limitarse a los administradores de Ueno ni a las eventuales responsabilidades de quienes debían controlar el funcionamiento del banco.
También consideran necesario esclarecer quiénes autorizaron la colocación, renovación y mantenimiento de fondos públicos en la entidad, bajo qué criterios se tomaron esas decisiones y si se ignoraron advertencias sobre su situación financiera.
El BCP en el centro
Uno de los principales ejes de la ampliación apunta a la actuación del BCP y de la Superintendencia de Bancos frente a las operaciones crediticias de Ueno con empresas vinculadas al mismo grupo económico.
Según la documentación incorporada por los legisladores, al 30 de abril de 2026, tres sociedades vinculadas —Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA— mantenían deudas con Ueno por un total de G. 743.784 millones.
Los denunciantes sostienen que existían alertas internas desde abril de ese año sobre los excesos en los límites de exposición crediticia. Sin embargo, cuestionan que la Superintendencia de Bancos haya aceptado como mecanismo de regularización una operación de venta de cartera de créditos a Vinanzas SA por US$ 74,4 millones, que posteriormente habría sido calificada por un área técnica del propio BCP como una operación prohibida.
La presentación también pone bajo la lupa la transformación de Financiera Ueno en banco, autorizada en noviembre de 2023, y su posterior fusión con Visión Banco, aprobada en mayo de 2024.
En particular, se cuestiona que se hayan otorgado facilidades para reconocer gradualmente las previsiones derivadas de la fusión, incluso con plazos de hasta 20 años, y que no se hayan elevado oportunamente al Directorio determinados informes técnicos que advertían sobre la solvencia patrimonial de la entidad.
La denuncia solicita investigar si las autoridades supervisoras conocían la verdadera dimensión de los riesgos que enfrentaba Ueno y por qué no se adoptaron medidas correctivas oportunas.
Los legisladores denunciaron formalmente al expresidente del BCP Carlos Dagoberto Carvallo Spalding y al superintendente de Bancos, Holger Insfrán Ibarrola, por una eventual lesión de confianza. También solicitan investigar a los demás integrantes del Directorio y funcionarios que participaron en las decisiones de supervisión.
Fondos investigados
Otro de los aspectos centrales presentados en la documentación es la exposición de los recursos del Estado y de los fondos previsionales depositados en Ueno.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Finanzas citados en la presentación, al 30 de septiembre de 2026, la entidad tenía G. 3,6 billones en fondos públicos en moneda nacional y USD 233,4 millones en depósitos en dólares.
Estas cifras representaban el 18,2% del total de los depósitos públicos en guaraníes y el 22,9% de los depósitos públicos en dólares, convirtiendo a Ueno en el segundo mayor depositario de fondos estatales del país y el primero entre los bancos privados.
Entre las instituciones mencionadas figuran el Ministerio de Economía y Finanzas, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Itaipú, Yacyretá, el Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja Bancaria y Cajubi, entre otras.
La oposición pretende que la Fiscalía determine quiénes aprobaron esas colocaciones, qué evaluaciones de riesgo realizaron y si existían mecanismos suficientes para evitar una concentración de recursos públicos en una sola entidad financiera.
También advierte que los fondos públicos no están necesariamente cubiertos en su totalidad por el Fondo de Garantía de Depósitos, por lo que la recuperación del dinero dependerá, en parte, del resultado del proceso de resolución y del balance de exclusión.
La denuncia involucra también al Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos recursos pertenecen a los aportantes y jubilados.
Los legisladores cuestionan las modificaciones introducidas por el Consejo de Administración del IPS en noviembre de 2023 y noviembre de 2024 a los criterios de evaluación de las entidades financieras habilitadas para recibir inversiones del instituto.
Según la presentación, en noviembre de 2023 Ueno tenía aproximadamente G. 80.000 millones del IPS en certificados de depósito de ahorro (CDA). Posteriormente, las colocaciones aumentaron de manera considerable hasta alcanzar aproximadamente G. 2,2 billones en noviembre de 2025.
