A los imputados se les aplicó las siguientes medidas: residir en el domicilio denunciado en autos, no pudiendo cambiarlo sin autorización del Juzgado; obligación de presentarse dentro de los primeros diez días del mes ante el Juzgado, prohibición de cambiar de número de celular, obligación de presentarse a todas las citaciones que el Juzgado realice y prohibición de salir del país.

A Giménez de Pereira, por la ONG Dadis, Florentín Serafini y Riveros Paredes por la Asociación de Voluntarios para los Servicios Voluntarios, se les atribuye haber desviado los fondos que recibieron del Indert para la construcción de sistemas de provisión de agua potable para asentamientos en el interior del país.

Según las investigaciones, estas ONGs más la denominada Madre Tierra, causaron un perjuicio al Indert de alrededor de 952 millones de guaraníes, por obras inconclusas.