La defensa de Britez Sanchez, en la audiencia de revisión, solicitó el mejoramiento de las medidas impuestas a su defendido, manifestando que a la fecha ya se encuentra transcurrido el plazo de más de 6 meses, desde la notificación del acta de imputación.

El abogado Rubén Montania dijo que se encuentra desvirtuado el peligro de obstrucción y desvirtuado el peligro de fuga. Consideró viable la libertad ambulatoria por la calificación jurídica preliminar impuestas al imputado por el supuesto hecho de lesión de confianza, cuya expectativa de pena es de hasta 5 años.

Además, señaló que es importante hacer mención de que Fernando Jose Britez Sanchez se ha presentado ante el Ministerio Público y brindó declaración indagatoria en fecha 7 de junio del 2023, acto por el cual aportó varios datos para la investigación, demostrando su voluntad de esta manera, de colaborar con el procedimiento.

El representante del Ministerio Público, fiscal Silvio Corbeta, se allanó a la medida solicitada debido a que el imputado ya ha cumplido y compurgado la pena mínima, y dijo que además existen otras garantías para el sometimiento del procesado a la presente investigación.

Por lo tanto, de acuerdo a lo precedentemente Fernando José Brítez Sánchez fue beneficiado con la libertad ambulatoria. La magistratura puso énfasis en que la resolución obedece a los efectos de dar cumplimiento a los trámites procesales de asegurar la acción de la justicia a la partes, evitando los presupuestos establecidos en los Artículos 243 y 244 del C.P.P.

El imputado contaba con arresto domiciliario desde el 30 del mes de noviembre del 2022, conforme se observa al A.I. N° 531.

Antecedentes

La imputación se da luego de una investigación por un presunto desvío de más de G. 18.300 millones de la Gobernación de Central, tras una denuncia presentada por concejales departamentales, con base en un informe de la Contraloría sobre desembolsos realizados en el ejercicio fiscal 2019, sin embargo debido a los indicios, se amplió el periodo de investigación hasta el ejercicio 2020.

Se presume que una estructura conformada por funcionarios de la Gobernación, representantes de asociaciones sin fines de lucro y proveedores se prestaron para facilitar facturas que respalden los desembolsos presumiblemente ilícitos.

De acuerdo al acta de imputación, entre marzo del 2019 y diciembre del 2020, se realizaron 51 transferencias por valor de G 24.424.032.733, y conforme a la verificación documental, aparentemente existe un perjuicio patrimonial de G 18.384.427.005, por desembolsos injustificados a instituciones y organizaciones sin fines de lucro.