Fenner quedó con medidas ambulatorias, entre ellas prohibición de salir del país y obligación de comparecer mensualmente. Además, se estableció una caución real de G. 551 millones sobre un inmueble ubicado en Luque.

Según la imputación, Fenner, junto con otras personas aún no individualizadas, habría integrado una estructura organizada destinada a ofrecer, promocionar y desarrollar programas académicos de maestría y doctorado que carecían de habilitación y reconocimiento oficial en Paraguay, utilizando indebidamente la identidad institucional, la denominación y las facultades correspondientes al Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS) y de otras instituciones de educación superior legalmente reconocidas, sin autorización alguna. 

Para el efecto, el ahora imputado habría captado principalmente ciudadanos de nacionalidad brasileña, ofreciéndoles programas de posgrado supuestamente reconocidos por las autoridades educativas paraguayas y aptos para producir efectos académicos y profesionales en Brasil, percibiendo sumas de dinero en concepto de matrículas, aranceles e inscripciones. para convencer a sus víctimas, según las investigaciones, presuntamente confeccionó, produjo, hizo producir, utilizó o puso en circulación documentos que aparentaban haber sido expedidos por instituciones educativas legalmente habilitadas y por organismos oficiales de nuestro país, como resoluciones administrativas, certificados, diplomas, constancias académicas, programas de estudio, legalizaciones y demás instrumentos documentales que, conforme a los elementos reunidos, carecerían de autenticidad. Los alumnos declararon que contrataron los programas académicos por hasta 30 mil reales. 

La investigación tuvo origen a partir de la denuncia presentada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), luego de la tramitación del Expediente Administrativo N.° 97.953/2026, iniciado tras la solicitud formulada por el representante legal de la firma Calidad Educativa S.A., administradora del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales, quien requirió un pronunciamiento oficial respecto de diversos documentos utilizados para respaldar títulos académicos que estaban siendo presentados en procedimientos de reconocimiento en Brasil. 

Entre la documentación se encuentra una supuesta Resolución N° 1024 de fecha 10 de julio de 2009, mediante la cual aparentemente la entonces Dirección General de Educación Superior reconocía títulos emitidos por la denominada Facultad Interamericana de Ciencias de la Educación; sin embargo, mediante el Informe DUIS N.° 72/2026 – DPE N.° 07/2026, elaborado por la Dirección de Universidades e Institutos Superiores, se concluyó que dicha resolución no existe en los registros oficiales del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias, no hallándose antecedente alguno que respalde su autenticidad o validez. 

Además un memorándum elaborado por el Departamento de Legalizaciones del MEC verificó graves inconsistencias en las etiquetas holográficas, sellos y mecanismos de legalización contenidos en la documentación sometida a análisis, circunstancias que refuerzan fundadamente la sospecha acerca de su falta de autenticidad.