En primer lugar, la fiscal Viviana Sánchez logró una condena por incumplimiento del deber legal alimentario en un juicio oral. El sentenciado está identificado con las iniciales J.W.F. y fue sancionado con 2 años de pena privativa de libertad.

Según los registros, el 26 de julio de 2018, el Juzgado de la Niñez y Adolescencia determinó que el padre debía aportar mensualmente G. 600.000 a favor de su hija. Este monto -según la sentencia definitiva número 209- debía ser depositado en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Pero, el acusado no cumplió con su obligación y acumuló una deuda de G. 23.050.000.

Tras la denuncia presentada por la madre, la Fiscalía inició una investigación contra el acusado, que finalmente derivó en su condena. El fallo fue dictado por los jueces Herminio Montiel, Marino Méndez y Zunilda Martínez Noguera, quienes conformaron el Tribunal de Sentencia.

En el segundo caso, la fiscal Daisy Sánchez sostuvo la acusación en un juicio oral y público en el cual – basándose en la presentación de suficientes elementos probatorios – demostró la responsabilidad penal en la conducta del procesado José Manuel Gavilán Cañete.

Durante el juicio, Gavilán Cañete fue condenado por un Tribunal de Sentencia a dos años con suspensión a la ejecución de la condena por incumplimiento del deber legal alimentario, en perjuicio de su hija.

Según el relato de los hechos, en el principio de la causa, Loida Eunice Marín Melgarejo (madre de la niña) formuló la denuncia ante la Oficina de Mesa de Entrada y Denuncias de la Fiscalía Zonal de Itá.

Posteriormente, la mujer declaró ante la Unidad Penal que intervino en su denuncia y mencionó que José Manuel Gavilán Cañete -desde el inicio de la demanda- depositaba de manera irregular el monto de dinero que el Juzgado le había impuesto el 31 de octubre de 2017.

El concepto de dicho depósito impuesto por la instancia judicial fue por prestación alimentaria. El dinero debía depositarse en una cuenta del BNF habilitada para el efecto, a favor de su hija.

Finalmente, por la irregularidad en el pago, el Ministerio Público acusó a José Manuel Gavilán Cañete, como autor de incumplimiento del deber legal alimentario, hecho que fue probado fehacientemente por la fiscal Daisy Sánchez en el juicio oral y público.