El sistema penitenciario paraguayo continúa enfrentando desafíos estructurales que van más allá del crecimiento de la población carcelaria. A junio de 2026, el país registra 20.386 personas privadas de libertad, de las cuales seis de cada diez permanecen en prisión preventiva, es decir, aún no cuentan con una condena firme dictada por la Justicia.

Los datos corresponden al más reciente informe sobre la situación penitenciaria y vuelven a poner en evidencia una realidad que desde hace años es objeto de observaciones por parte de organismos nacionales e internacionales: el uso extendido de la prisión preventiva y el persistente hacinamiento en los centros penitenciarios.

Uno de los indicadores más preocupantes es el nivel de sobrepoblación. Según la capacidad oficial establecida por el Ministerio de Justicia, el 77,8% de las personas privadas de libertad se encuentra alojado en establecimientos con sobrepoblación crítica. Sin embargo, al aplicar el estándar técnico utilizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que considera criterios más exigentes de habitabilidad y dignidad, la cifra asciende al 85,2%.

Mientras el cálculo oficial toma como referencia el número de plazas disponibles, el estándar del MNP incorpora condiciones mínimas de espacio, infraestructura y habitabilidad, lo que reduce la capacidad real de los establecimientos.

Cifras particularmente alarmantes en algunas cárceles

De acuerdo con el MNP, la cárcel de Villarrica registra un índice de hacinamiento del 1.279%, seguida por San Pedro, con 1.051%, y Emboscada, con 851%. Estos niveles implican que la cantidad de internos supera ampliamente la capacidad considerada adecuada para garantizar condiciones mínimas de reclusión.

El hacinamiento tiene efectos que trascienden la disponibilidad de espacio físico. Diversos estudios advierten que la sobrepoblación dificulta el acceso a servicios de salud, educación, alimentación y programas de reinserción, además de incrementar los riesgos de violencia, conflictos internos y propagación de enfermedades transmisibles dentro de los establecimientos penitenciarios.

El informe también pone el foco sobre las personas privadas de libertad que integran grupos en situación de vulnerabilidad. El 13,9% de la población penitenciaria pertenece a sectores que requieren atención diferenciada, entre ellos personas indígenas, adultos mayores, extranjeros, personas con discapacidad y personas diagnosticadas con enfermedades transmisibles como tuberculosis o VIH. La presencia de estos grupos plantea desafíos adicionales para el sistema, tanto en materia sanitaria como de protección de derechos.

Adolescentes

La situación también alcanza al sistema de justicia penal adolescente. Actualmente 162 adolescentes permanecen privados de libertad en centros educativos, y el 75,3% de ellos se encuentra en condición de prevenido, sin una sanción firme. El dato refleja que la utilización de la prisión preventiva también tiene un peso significativo entre los menores en conflicto con la ley.

Al mismo tiempo, el informe registra un avance en la aplicación de medidas alternativas. Un total de 103 adolescentes cumplen medidas no privativas de libertad, lo que representa un incremento en el uso de mecanismos distintos al encierro y una mayor adecuación a los principios establecidos por la legislación especializada y los tratados internacionales sobre derechos de la niñez.

La combinación de una alta proporción de personas sin condena y un sistema penitenciario con elevados niveles de hacinamiento vuelve a instalar el debate sobre el funcionamiento de la justicia penal paraguaya. Si bien la prisión preventiva constituye una herramienta prevista por la ley para garantizar el desarrollo de los procesos judiciales, organismos de derechos humanos sostienen desde hace años que su utilización debería ser excepcional y no convertirse en la regla.

El panorama también plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para avanzar en políticas de reinserción social. En un contexto donde buena parte de las cárceles opera por encima de su capacidad y una mayoría de internos aún espera una resolución definitiva de sus causas, resulta más complejo desarrollar programas educativos, laborales y de rehabilitación que reduzcan la reincidencia.