A continuación, los pedidos realizados:
-El 27 de diciembre del 2022 se solicitó la lista de los jueces, camaristas, abogados y funcionarios sancionados, específicamente por las causas penales que prescribieron. Ante la falta de respuesta, el pedido se reiteró el 5 de junio 2023. No se proveyó la información.
-El 9 de agosto de 2023 se pidió la denuncia realizada por la directora de Registros Públicos, Lourdes González, sobre el intento de despojo de inmuebles de sus propietarios legítimos a través de procedimientos administrativos municipales, tales como mensuras administrativas, cambios de distritos y reasignaciones de cuentas corrientes y lo que resolvió al respecto el Consejo de Superintendencia de la Corte. Tampoco se respondió.
-Se pidió informe sobre la investigación preliminar a Jueces de Ciudad del Este, donde una auditoría detectó numerosas irregularidades en la tramitación de garantías constitucionales (Hábeas Corpus, amparos). Tampoco la Corte respondió.
-El 17 de agosto pasado, se solicitó el resultado de la auditoría realizada al juzgado de Capiatá a cargo de Norma Salomón, que se inició el 8 de agosto, según había informado la propia Corte, que ahora oculta la conclusión de los auditores.
-El 16 de octubre se pidió informe sobre las visitas y trabajos que han realizado los ministros de la Corte y en especial los integrantes de la Sala Penal, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, como lo dispone el artículo 259 de la Constitución Nacional: la de supervisar los institutos de detención y reclusión.
Las direcciones que se han creado con el fin de trabajar con las penitenciarías. Describir el tipo de trabajo y desde cuando están operativas. Quienes son las personas que se encuentran a cargo de ellas y si elevan a la Corte algún tipo de informe.
Los Juzgados de Ejecución elevan sus informes anuales sobre el trabajo y las visitas penitenciarias.
En abierta violación a la ley de Transparencia y a la Constitución e ignorando los fallos de la propia Corte a favor de la transparencia, los pedidos no fueron respondidos por el alto tribunal.



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