Esta situación irregular fue advertida en su momento por el Banco Central del Paraguay, pero los directivos hicieron caso omiso a las recomendaciones del BCP, según la acusación fiscal.

Ahora, mediante groseras maniobras buscan extinguir la causa y lograr la impunidad de los acusados José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Xavier Hamuy Campos Cervera.

Está en manos del fiscal general, Emiliano Rolón, ratificar o no la acusación contra los involucrados, que ya habían logrado blanquearse en otra investigación. El poder económico estaría detrás y buscaría someter al Ministerio Público.

La jueza Cynthia Lovera se opuso a la extinción de la causa, planteada por las defensas. La propuesta tuvo el allanamiento de la fiscala Stella Mary Cano, pero la magistrada dijo que el argumento de la agente del Ministerio Público es “antojadizo”.

Tanto la Auditoría de la Corte, como la Inspectoría del Ministerio Público deberían revisar la actuación de los operadores de justicia y de los abogados intervinientes, que chicanearon todo el proceso.

El perito contable, licenciado Javier González en su trabajo de pericia encomendada, en el punto 1 refiere la variación que se ha visto con respecto a los gastos de seguro médico desde el año 2015 hasta el 2019, que resultó la suma de G. 37.449.119.291. “Ello se ha reflejado en el punto 18 como parte del perjuicio patrimonial o daño patrimonial a la Caja de Jubilaciones, el cual ha tenido una consecuencia negativa en la situación financiera de la Caja”, refirió la fiscala Claudia Aguilera en su acusación.
“Conforme a todos los datos e informes diligenciados por la Fiscalía, e igualmente la pericia realizada por el licenciado Javier González, se estableció que los gastos de seguro médico y reaseguro, realizados por la administración de los acusados, aumentaron en demasía a partir del año 2016, que según informe en el año 2015 ascendió a la suma de G. 18.310.320.000, en el año 2016 a G. 26.250.878.285; en el año 2017 subió a G. 41.145.786.334; en el 2018 a G. 53.554.931.419 y en el año 2019 a G. 55.759.439291. El total de la variación es de G. 37.449.119.291”, dice la fiscala.

“De ahí surge que existieron excesos y gastos muy elevados, periodo de 2016 a 2019, lapso en que la Caja estuvo bajo la dirección de los acusados en la presente causa. Estos montos muy elevados fueron advertidos por entidades contraloras y los acusados hicieron caso omiso”, enfatizó Aguilera.

Explicó que, por nota del 19 de febrero de 2019, el Banco Central del Paraguay, a través de la Superintendencia de Bancos, manifestó su preocupación por los excesos de gastos en contratación de personal y servicios médicos. Que esto fue señalado como acción que va en contra del sostenimiento de la Caja, y por ende, contra la solvencia de la misma, ya que con ello se redujeron considerablemente los recursos disponibles que debían ser destinados a fondos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

La fiscal dijo que está probado que se dieron situaciones irregulares durante el ejercicio de la comitiva 2016-2019, bajo la dirección de los acusados: José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Angel Ramón Chamorro Ortiz y Xavier Hamuy Campos Cervera, que ocasionaron un gran perjuicio patrimonial a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Bancos y Afines. “Se dieron excesos en cuanto a gastos administrativos y gastos médicos, y esto es competencia y responsabilidad exclusiva de los directivos a cargo de la Caja, o sea, el presidente y los miembros del Consejo de Administración”, añadió la fiscala.

La pericia de Javier González indica que el BCP instruyó a la Caja para que los gastos administrativos destinados a la prestación de servicios médicos, sean reducidos significativamente y a su vez obtener con ello, el logro de una reducción sostenible del DEFICIT ACTUARIAL.

“Los gastos administrativos se incrementaron en dicho periodo en un porcentaje de 64%, lo que perjudica el resultado económico de la actividad anual de la Caja Bancaria, reduciendo de manera negativa la rentabilidad del ente, constituyendo los gastos médicos, el rubro de mayor impacto negativo en el cuadro de resultados. Estos gatos médicos han incidido negativamente en los resultados de la rentabilidad de la Caja, en el periodo que abarca los años 2015-2019, enfatiza la acusación.

Los antecedentes el caso revelan que se había solicitado el sobreseimiento provisional de los acusados, lo cual fue otorgado por la jueza Cynthia Lovera. Antes de cumplirse un año, la fiscala pidió la reapertura de la causa y presentó acusación.

La preliminar se realizó ante la juez Lovera. Los defensores plantearon la extinción del caso, a lo cual se allanó la fiscal Stella Mary Cano, quien alegó que la jueza dispuso la reapertura de la causa 11 días después del plazo legal establecido.

La jueza Lovera se opuso y le imprimió trámite de oposición y envió el caso a la Fiscalía General del Estado. Es decir, la impunidad o no de los acusados que en manos de Emiliano Rolón Fernández.