Según la denuncia presentada en el Ministerio Público, el juez Claudio Martínez empleó todo tipo de artimañas dolosas y violó preceptos legales para levantar embargos que pesaban sobre los bienes de Marcello Almeida Oliveira, decretado en la suma de USD 1 millón por el juzgado civil, comercial y laboral de Salto del Guairá.

El magistrado se basó en un informe apócrifo para levantar los embargos y no dio trámite incidental a una petición del demandado, formulada a través de un simple escrito de manifestación. Argumentó falsamente que se había fijado audiencia, a través del sistema informático, a Nicolás Tutunyi Mazó a fin de ofrecer contra cautela suficiente, conforme el A.I. nº 255 de fecha 30 de octubre de 2020.

El magistrado mintió al señalar en su resolución que “al no darse cumplimiento a dicha audiencia” se levantaban los embargos preventivos sobre los bienes del demandado. “Esta circunstancia es totalmente falsa, debido a que en esa fecha y año el expediente judicial era totalmente físico y no digital. Recién el 12 de abril de 2021 se implementó de forma obligatoria el expediente electrónico en la Circunscripción Judicial de Canindeyú”, resalta la acción radicada contra el juez Martínez.

Otra irregularidad cometida por Martínez Ortiz consistió en levantar los embargos sin quedar firme la resolución, violando groseramente el artículo 185 del Código Procesal Civil (“Dará traslado de él a la otra parte por el plazo de cinco días”).

“La conducta del juez denunciado se subsume dentro de las previsiones del Art. 305 del Código Penal que reza: Prevaricato. 1° El juez, árbitro u otro funcionario que, teniendo a su cargo la dirección o decisión de algún asunto jurídico, resolviera violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, será castigado con pena privativa de libertad de dos a cinco años.

Parte del escrito en que el empresario Flavio Tutunyi pide 10 años de condena para el magistrado.

En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años, la que estoy solicitando a través de la presente denuncia formal”, resalta el escrito de denuncia presentado ante la Fiscalía.

El denunciante argumenta su pedido en el valor millonario del juicio (1 millón de dólares americanos) y la enajenación de los bienes del demandado, atendiendo que el mismo está radicado en la ciudad de Maringá (Brasil).

“El magistrado indiciado debió servir con objetividad los intereses generales, sometiendo su proceder a la ley y al derecho con garantía de imparcialidad e independencia, en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la evidente parcialidad con dolo y daño ocasionado ha dejado sin garantías el proceso civil, lo que contrasta con notable insolencia al ordenamiento jurídico, motivado obviamente por actos de esta naturaleza extraña al proceso”, menciona la denuncia del empresario Nicolás Flavio Tutunyi.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICA SUBSIDIARIA

“Para finalizar, tenga a bien recepcionar la presente denuncia y disponer las medidas necesarias y pertinentes para la investigación y esclarecimiento del hecho, y la determinación de la responsabilidad penal del denunciado juez como así también la responsabilidad económica subsidiaria al hecho, ya que sin lugar a dudas hoy ya no contaríamos con garantías reales a la demanda por el monto solicitado”, concluye la denuncia.