El Tribunal de Sentencia encargado de emitir el veredicto está integrado por los jueces Rossana Maldonado, en la presidencia, junto a Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz como miembros titulares.

En el marco de la causa, el abogado Francisco de Vargas, representante de la querellante Asociación Espíritu Santo, ratificó los fundamentos de la acusación recordando que «el tipo penal del delito de prevaricato es un delito especial que está reservado únicamente para los magistrados y árbitros que tengan a su cargo la decisión judicial de un asunto».

El litigio tiene como base la resolución dictada por la exmagistrada Irún en 2018, mediante la cual hizo lugar a una demanda por obligación de hacer escritura pública promovida por cuatro empresas offshore constituidas en Chipre e Islas Vírgenes.

De Vargas enfatizó que la exjueza actuó al margen de la Ley de Seguridad Fronteriza, la cual impide que en la franja adyacente de 50 kilómetros sean propietarias firmas con acciones endosables o compuestas por ciudadanos de países limítrofes. «Eso es lo que violó la jueza Tania Irún, porque hizo lugar a la demanda a favor de cuatro empresas offshore cuyas acciones son endosables», aseveró.

Asimismo, la querella remarcó que la procesada «hizo lugar a la demanda sin tener a la vista los estatutos de la empresa» y que «mintió en su resolución cuando aseguró que los accionistas no eran de los países limítrofes».

Añadió el abogado que la exjueza «no podía asegurar esa manera porque jamás tuvo a la vista los estatutos de la empresa» y puntualizó que «esas empresas no existen acá en Paraguay. No están registradas, no tienen RUC, no tributan».

Recordó además que el origen del reclamo judicial de las empresas de maletín. «La demanda a la que hizo lugar la exjueza tiene que ver con una supuesta deuda de 15 millones de dólares. Hay que entender que acá se están obligando a transferir bienes que valen 500 millones de dólares por una supuesta deuda de 15 millones de dólares»,brecalcó.

Cabe señalar que el origen de dicha obligación económica se encuentra actualmente bajo investigación penal en una causa paralela a cargo de los fiscales Francisco Cabrera y Luis Piñánez, bajo las carátulas de tentativa de estafa y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

La hipótesis del Ministerio Público sostiene que se habría inducido bajo engaño y mediante asambleas simuladas el reconocimiento de un préstamo ficticio de USD 15 millones, cuya presunta finalidad penalmente investigada era generar una «dación en pago» para justificar la transferencia fraudulenta de los inmuebles chaqueños.