Exautoridades de la Universidad Sudamericana afirmaron que no lo conocieron como estudiante, mientras que uno de los responsables de firmar su documentación académica calificó de imposible una de las situaciones registradas en su supuesto historial universitario.

Rivas afronta el proceso acusado por el Ministerio Público por supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. La causa gira en torno al título de abogado que presentó y que durante años le permitió desempeñarse incluso como integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Durante la primera jornada declararon como testigos de la Fiscalía Óscar Rodríguez Kennedy, quien se desempeñaba como decano de la Universidad Sudamericana; Euclides Acevedo Candia, exrector de la institución; y el exsenador Enrique Bacchetta, quien presidió el JEM cuando Rivas integraba ese órgano.

La acusación está sostenida en juicio por los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez. Durante la etapa de incidentes, el Ministerio Público intentó incorporar además los testimonios de Federico Campos López Moreira, José Duarte Penayo, Mario Varela y Óscar Paciello.

El Tribunal de Sentencia, presidido por María Fernanda García de Zúñiga e integrado también por Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, resolvió admitir la declaración de Duarte Penayo, expresidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), además de incorporar la denuncia presentada por Campos López Moreira. En cambio, rechazó que este último, Varela y Paciello comparezcan como testigos de la Fiscalía.

Uno de los testimonios de mayor peso durante la jornada fue el de Rodríguez Kennedy, quien ocupaba el cargo de decano durante el periodo en que Rivas supuestamente cursó Derecho. Aunque su firma aparece tanto en el título como en el certificado de estudios, aseguró que durante aquellos años nunca conoció personalmente al entonces estudiante.

El exdecano sostuvo que no mantuvo conversaciones con Rivas durante su supuesto paso por la universidad y señaló que ni siquiera lo había identificado previamente a través de fotografías. También reconoció que no verificó personalmente si toda la información consignada en el certificado académico correspondía efectivamente a estudios realizados por el acusado.

Según explicó ante el Tribunal, estampó su firma sobre los documentos porque estos habían atravesado previamente los mecanismos de validación de las autoridades de la propia universidad.

Otro detalle llamativo surgió cuando relató las condiciones en las que terminó firmando la documentación. Rodríguez Kennedy señaló que tanto el título como el certificado de estudios fueron rubricados dentro de su vehículo, estacionado en inmediaciones de la avenida España y la calle Bélgica, en Asunción. Vinculó esa particular situación con la existencia de una medida cautelar penal que afectaba en aquel momento el funcionamiento institucional.

La declaración adquirió todavía mayor relevancia cuando el Tribunal abordó las fechas de los supuestos exámenes finales de Rivas. El juez Juan Carlos Zárate Pastor repasó una serie de materias correspondientes a los últimos semestres de la carrera que, de acuerdo con la documentación analizada por la Fiscalía, aparecen rendidas de manera concentrada en determinadas jornadas.

Rodríguez Kennedy manifestó que resulta imposible que un alumno pueda presentarse a semejante cantidad de evaluaciones finales durante una misma fecha.

Entre los registros cuestionados aparecen seis materias que Rivas supuestamente rindió el 15 de junio: Derecho Civil Reales, Derecho Procesal Civil, Filosofía del Derecho, Procesal Penal II, Ética Jurídica y Técnica Jurídica. Una situación similar aparece el 15 de diciembre, cuando figuran evaluaciones de Juicio Oral, Metodología Científica, Derecho Procesal Laboral, Derecho Civil Sucesiones, Lógica Jurídica y Derecho de las Altas Tecnologías.

El exrector Euclides Acevedo también reconoció como propia la firma estampada en el título de Rivas. Sin embargo, explicó que procedió a rubricar el documento porque tenía frente a sí el correspondiente certificado de estudios, sin realizar una comprobación particular sobre la veracidad de cada uno de sus datos.

Acevedo aclaró además que su vinculación académica estaba relacionada con Medicina y no con Derecho. Señaló que no mantenía contacto con profesores ni estudiantes de esta última carrera, aunque por sus responsabilidades institucionales debía suscribir los títulos expedidos por la universidad.

Su testimonio agregó otro elemento al debate sobre la situación de la carrera. Explicó que Derecho dejó de impartirse en las filiales de la Universidad Sudamericana en 2016 debido a que estas no reunían las condiciones mínimas exigidas. Rivas sostiene que había terminado sus estudios un año antes, en 2015.

Acevedo señaló que, una vez dispuesto el cierre, correspondía buscar alternativas para aquellos estudiantes que todavía no habían terminado la carrera y completar los procedimientos de expedición de títulos para quienes efectivamente ya habían cumplido con todos los requisitos académicos.

El tercer testimonio relevante fue el de Enrique Bacchetta, quien coincidió con Rivas durante su paso por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El exsenador recordó que las dudas sobre la formación jurídica del entonces legislador comenzaron a cobrar fuerza poco después de que este asumiera como representante de la Cámara de Diputados ante el organismo encargado de juzgar la conducta de magistrados y fiscales.

Bacchetta aseguró que durante aquella etapa nunca conoció a compañeros universitarios de Rivas y sostuvo que su desenvolvimiento tampoco reflejaba, a su criterio, una formación propia de un profesional del Derecho. Según relató, esas sospechas terminaron llevándolo a solicitar una evaluación técnica sobre la validez de sus antecedentes.

En 2018 recurrió al abogado José Casañas Levi, entonces vinculado al Ministerio de Educación y Ciencias y anteriormente asesor de la Cámara de Senadores. De acuerdo con el relato de Bacchetta, el análisis realizado por Casañas Levi concluyó que Rivas no reunía la condición de abogado.

Ante esa situación, Bacchetta afirmó que solicitó formalmente a la Cámara de Diputados el reemplazo de Rivas como representante ante el JEM, debido a las consecuencias institucionales que podían producirse si una persona sin el título requerido participaba de decisiones relacionadas con magistrados y fiscales.

Pese a las advertencias, Rivas continuó integrando el organismo. Bacchetta recordó que Diputados habría respondido posteriormente ratificando su designación, aunque aclaró que no tenía certeza documental sobre aquella contestación.

La primera jornada dejó así instalados varios puntos que serán centrales para el desarrollo del proceso: exautoridades que firmaron la documentación pero aseguran no haber conocido a Rivas como estudiante, controles académicos que los propios responsables admiten no haber realizado personalmente y registros de numerosos exámenes concentrados en una misma fecha que fueron considerados inviables por quien entonces ejercía como decano.

El juicio continuará el jueves 13 de agosto, desde las 8:00, cuando está prevista la comparecencia de nuevos testigos ofrecidos por el Ministerio Público. El Tribunal deberá determinar finalmente si las irregularidades señaladas por la acusación permiten establecer responsabilidad penal de Rivas por la documentación utilizada para acreditar su condición de abogado.