A más de dos meses del lamentable episodio en el que murió de un disparo en la cabeza el joven Osvaldo Barrios, de 31 años, la jueza de la causa mantiene firme el AI nº 888 en el que dispone la reclusión del presunto homicida, el suboficial Ariel Sanabria, en la Dirección de Policía del Alto Paraná, donde no existe control alguno sobre los agentes que afrontan procesos judiciales. Dada esta situación, los familiares de la víctima revelaron su preocupación ante una posible fuga, llevando en cuenta la gravedad del hecho y la alta expectativa de pena que prevé la sanción penal para los casos de homicidios dolosos, hecho punible por el cual fue imputado el efectivo policial.

Si bien, el lugar natural donde el policía debía guardar reclusión es la Agrupación Especializada, curiosamente la magistrada de la causa, Nilda Estela Cáceres, primero dispuso su arresto en la jefatura policial donde no existe garantía alguna del cumplimiento de la prisión preventiva, luego “olvidó” del caso, pese a ser uno de los más sonados hechos sucedidos en los últimos meses y así el agente policial sigue gozando del privilegios.

La resolución nº 888 mediante la cual la jueza dispuso que el imputado permanezca en la Dirección de Policía, donde no hay absoluta garantía del cumplimiento de la medida ante la falta de control.

CRIMEN

El lamentable suceso ocurrió el 4 de agosto último en el km 6,5 sobre la avenida San Blas de Ciudad del Este, tras una persecución desatada en el km 8 Acaray, cuando un libanés, identificado como Noor Mohamed, evadió un control policial. Tras la alarma en la fila policial, un grupo de uniformados a bordo de una patrullera de la comisaría 7ª del barrio San José se sumó al procedimiento. Finalmente, interceptaron el automóvil del perseguido, pero sin antes detener la marcha, según el informe de la propia Policía, el suboficial Sanabria realizó dos disparos y uno de los proyectiles se incrustó en la cabeza del joven padre de familia, quien luego de algunos minutos murió en un hospital.

INVESTIGACIÓN

El encargado de la investigación es el fiscal Edgar Torales, quien tomó la causa tras haberse iniciado con su colega Luis Trinidad que lo interinaba en ese entonces. Los familiares sostuvieron su firme confianza en el representante de la sociedad y manifestaron su fe en que el agente policial sea condenado por la justicia ejemplarmente.