La representación legal de la funcionaria pública que sigue en funciones, Stella Almirón de Riquelme, planteó la recusación pero la juez Pedrozo no socializó las causas y resolvió, de plano, suspender el inicio del acto jurídico. El principal acusado en la causa es Reinaldo Cabaña Santacruz, alias “Cucho”, acusado por tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la Ley antidroga. El segundo en importancia para los investigadores es el diputado colorado cartista Ulises Quintana, sindicado como autor de asociación criminal y lavado de dinero, según la acusación.

También están acusados el exfiscal Gustavo Yegros, Gloria Rosana López, Hugo Martín Ríos, Marcelo Cabaña, Yisela Ramírez, Humberto Rodríguez y Carlos Brítez. La lista sigue con Jorge Ríos, Diego Medina, Sixto Ramón Arias, Luis Ricardo Arias, Juan José Alonso y Víctor Manuel Acuña. Richard Sebriano, Celso Ortega, Nelson Barrios, Alcides Villagra, Melchor Cabrera, Wilder Amarilla, Cristhian Vázquez y María Selva Chaparro, además de la asistente fiscal Flora Ayala, quien nunca fue a prisión en el marco de la causa por estar en estado de lactancia cuando se realizaron los procedimientos y detenciones.

INTERVENCIONES

La fiscal especializada antidroga Lorena Ledesma, junto a otros colegas suyos, entre ellos Manuel Rojas, de la Fiscalía de Ciudad del Este, realizaron 20 allanamientos en el marco de operativo “Berilo”, en setiembre de 2018. Durante los mismos, se incautaron y comisaron 23 vehículos de alta gama; 21 kilos de cocaína y alrededor de 800.000 dólares americanos, ocultos entre un sofá, sobre el que descansó Cucho, mientras duró el operativo en una de sus residencias, donde fue detenido. Muchos bienes muebles e inmuebles se encuentran a la fecha bajo administración de la SENABICO.

Pasaron cuatro años de iniciado el proceso para que los fiscales responsables de la investigación logren acusar en la causa y presentar las evidencias relacionadas al caso. Todos los involucrados siguen burlando a la justicia con planteamientos establecidos en la norma penal, al solo efecto de dilatar el proceso y presuntamente con intenciones de extinguir la causa, a juzgar por el comportamiento de los justiciables.

Flora Lidia Ayala (izq.), asistente fiscal que impidió la audiencia preliminar.