La Fiscalía acusó y pidió juicio oral y público para la fiscal Ana Elizabeth Girala López por extorsión, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, persecución de inocentes y asociación criminal, en calidad de autora; la asistente fiscal Christi Magalí Ortega Domínguez por la comisión de los hechos punibles de extorsión, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, persecución de inocentes y asociación criminal, en calidad de coautora y cómplice; la secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz, por extorsión, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, persecución de inocentes y asociación criminal en calidad de coautora y cómplice.

También para los abogados Liz Elena Martínez Robles, por extorsión, tráfico de influencias y asociación criminal, en calidad de autora y coautora; Marcos Aurelio Velazco Mendoza por soborno agravado, tráfico de influencias y asociación criminal, en calidad de autor y coautor; Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín por tráfico de influencias en calidad de autora.

La acusación sostiene que Girala, en su carácter de agente fiscal de San Lorenzo, conformó una estructura tendiente a pedir dinero a cambio de salidas procesales, en la cual participaron su asistente Fiscal Ortega Domínguez, su secretaria Acha Alcaraz y los abogados mencionados.

Este caso surgió tras la denuncia realizada por Alcides Hermosilla, cuyo hijo afronta un caso por homicidio doloso, a quien le ofrecieron la posibilidad de llegar a una “solución” a cambio de sumas de dinero.

A cambio de dicha salida procesal, la abogada Liz Elena Martínez Robles le solicitó la suma de G 25.000.000. La entrega de dicha suma de dinero, señaló que debía realizarse en dos pagos, inicialmente la suma de G 5.000.000 para “asegurar” la salida procesal y finalizada la audiencia preliminar, prevista para el lunes 20 de febrero de 2.023, Hermosilla tenía que realizar la entrega del saldo, es decir G. 20.000.000.

La misma abogada solicitó posteriormente G 7.500.000 por sus honorarios profesionales, en tanto que para la fiscal interviniente solicitó nuevamente la suma de Gs. 25.000.000.

La extracción de datos de los teléfonos de los sospechosos puso al descubierto intercambio de mensajes y llamadas entre los presuntos involucrados, que expone la manera en que se organizaron para direccionar la causa, siempre a cambio de sumas de dinero.