Según explicó que González “está violando la misma carta orgánica normativa del INDERT firmando una resolución contra el derecho y alegando que la misma se funda en dictámenes que no existen”.

La resolución en cuestión revoca adjudicaciones de 3 lotes de tierra otorgados en el 2015, vía resoluciones de administraciones anteriores a los miembros de la familia Matthies. “Estas adjudicaciones ya fueron abonadas en su totalidad”, resaltó.

“Ella viola garantías constitucionales. Estas tierras nunca le pertenecieron al Estado. Esperamos que el Ministerio Público investigue y se impute a los responsables”, añadió.

Igualmente, de Vargas manifestó que la denuncia la hicieron también al comprobar con documentos, un presunto “operativo coordinado entre la presidenta y personas con denuncias por invasión que actualmente se encuentran detenidas”.