Para la denuncia, según dijo, toman como base dos informes de la Contraloría General y de la Auditoria General del Poder Ejecutivo, que constataron menoscabo de los fondos públicos y falta de controles internos adecuados.

Si bien no pudo precisar una cifra del perjuicio a la institución, el asesor jurídico expresó que por negligencia u omisión se puede hablar de lesión de confianza.