En la audiencia realizada el 9 de agosto compareció el abogado Richard Rojas, quien manifestó que su defendida Sonia Lorenza Arce, se encuentra con prisión preventiva desde el 25 de julio, dictada por A.I.N° 243 de la misma fecha. Señaló que existen otros procesados en esta misma causa, a quienes se les atribuyó hechos similares y con las mismas calificaciones -Asociación criminal y Lavado de dinero-, y han sido beneficiados con el arresto domiciliario.

Manifestó que la imputada voluntariamente acudió a sede fiscal a hacer uso de su derecho a declarar en audiencia indagatoria, brindó sus manifestaciones con relación a los hechos que se le atribuyen, contestó preguntas del Agente Fiscal y agregó documentaciones que poseía en ese sentido y, a su vez, fue puesta a disposición del Juzgado de Garantías mucho antes de la fecha que se le había fijado para su audiencia de imposición de medidas, con lo cual ha demostrado su firme voluntad de someterse al proceso.

Por otra parte, recalcó que el Ministerio Público no ha dicho que la procesada sea cercana o del primer o segundo anillo del grupo criminal, al igual que otros procesados, y este fundamento también sirvió para que aquellos puedan obtener medidas menos gravosas.

Finalmente, acotó que al igual que los coimputados, la defensa ha ofrecido elementos que hacen al arraigo Arce, y que la misma se encuentra al cuidado de su señora madre y de su hija de 12 años.

Antecedentes

Sonia Lorenza Arce Cáceres es señalada como presuntamente testaferro del establecimiento rural “Confinamiento”, ubicado en Yby Jau, departamento de Concepción. Por su parte, Ricardo Sanabria Ferreira habría colaborado con la organización criminal desempeñando el rol de administrador de la estancia Salmo 23, ubicada en Rinconada, distrito de Bella Vista Norte, departamento de Amambay.

El operativo “Pulp Fiction” en 2017, que llevó al allanamiento de la estancia Salmo 23, fue crucial para el descubrimiento de una pista de aterrizaje clandestina en el lugar. Además, durante dicho operativo, las autoridades incautaron una cantidad significativa de cocaína, aproximadamente 514 kilos, y varios documentos que demostraron la participación de la organización criminal en la administración y mantenimiento de la estancia.

Según las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores, la líder estructurada por Pavão utilizó diversas tácticas para ocultar la verdadera propiedad de los inmuebles adquiridos con dinero procedente del lavado de activos. Para ello, transferían las propiedades a nombre de terceras personas y posteriormente celebraban contratos de arrendamiento, de manera que se desligaban aparentemente de los bienes, pero al mismo tiempo generaban ingresos a través de las propiedades obtenidas con dinero ilícito. En el marco de la causa hay 41 personas procesadas hasta el momento.