La causa tiene su origen en el operativo «Yida Transfronterizo», desarrollado por el Ministerio Público y la Policía Nacional en el departamento de Misiones, como parte de una investigación sobre un presunto esquema de estafas mediante sistemas informáticos, lavado de activos y asociación criminal. Según la investigación fiscal, la organización habría captado al menos a 62 víctimas mediante una plataforma que ofrecía supuestas inversiones vinculadas al comercio con China, ocasionando un perjuicio patrimonial superior a G. 605 millones.

De acuerdo con los antecedentes del caso, las víctimas eran incorporadas a grupos de WhatsApp administrados por números con prefijo de Hong Kong, donde se les prometían importantes ganancias por realizar supuestas tareas comerciales relacionadas con la compra de mercaderías para abastecer ciudades chinas. Para acceder a mayores beneficios, los participantes debían realizar sucesivas transferencias de dinero a cuentas bancarias pertenecientes a los ahora imputados. Posteriormente, esos fondos eran convertidos en criptoactivos y enviados, presuntamente, a billeteras electrónicas controladas por líderes extranjeros.

Durante los allanamientos efectuados en viviendas de los procesados fueron incautados diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos armas y activos digitales, evidencias que forman parte de la pesquisa encabezada por la fiscala Ruth Karina Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos.

Al analizar el pedido de medidas cautelares, el magistrado sostuvo que existen suficientes elementos para considerar, de manera provisoria, que los cinco imputados habrían participado en los hechos investigados. Asimismo, concluyó que se encuentran configurados los presupuestos para la aplicación de la medida más gravosa.

En ese sentido, el juez señaló que existe peligro de fuga, debido a que los procesados no acreditaron documentalmente su arraigo y enfrentan una elevada expectativa de pena por la cantidad y gravedad de los hechos punibles atribuidos. Igualmente, consideró que persiste el peligro de obstrucción de la investigación, al estimar que los imputados podrían influir sobre testigos, coimputados o manipular elementos probatorios que aún deben ser incorporados al proceso.