El proyecto fue impulsado por el diputado Daniel Centurión, de la ANR, quien plantea separar las tareas de representación y fiscalización de las decisiones administrativas del IPS. La intención es que los sectores que integren el órgano puedan controlar la utilización de los recursos de los asegurados, pero sin intervenir directamente en adjudicaciones o selección de proveedores.

Actualmente, el Consejo cuenta con cinco representantes correspondientes al Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, los trabajadores asegurados, los empleadores y los jubilados y pensionados.

La iniciativa propone eliminar los lugares correspondientes a los dos ministerios y conservar únicamente una integración tripartita compuesta por representantes de trabajadores, empleadores y jubilados y pensionados.

De aprobarse la modificación, el Poder Ejecutivo dejaría de tener representación directa dentro del Consejo, aunque conservaría una atribución fundamental: la designación del presidente del Instituto de Previsión Social, puesto actualmente ocupado por Isaías Fretes.

Uno de los cambios más importantes afecta directamente a las contrataciones públicas. La propuesta incorpora una prohibición expresa para que los integrantes del nuevo consejo participen de las decisiones vinculadas con los procesos licitatorios de la previsional.

Los representantes ya no podrían autorizar el inicio de contrataciones, elaborar o aprobar pliegos de bases y condiciones, integrar comités de evaluación en nombre del Consejo ni participar de la selección de proveedores.

Tampoco estarían habilitados para aprobar o rechazar adjudicaciones, adjudicar contratos o intervenir en modificaciones, ampliaciones, cancelaciones y terminaciones contractuales cuando estas decisiones correspondan a las autoridades administrativas competentes.

La intención, según explicó Centurión, es establecer una frontera entre quienes deben vigilar el manejo institucional y quienes tienen la responsabilidad de administrar. El legislador sostiene que los representantes sectoriales deben controlar al IPS y defender los intereses de sus respectivos sectores, pero no convertirse en actores de las millonarias contrataciones de la institución.

La eliminación de esas atribuciones no implicaría dejar al Consejo sin herramientas de fiscalización. El proyecto mantiene su capacidad para solicitar y recibir información sobre los procedimientos administrativos y obliga a la administración del IPS a poner a disposición los informes relacionados con contrataciones y otros asuntos considerados relevantes.

Otro cambio significativo tiene impacto directo sobre el presupuesto de la previsional. Los tres representantes que permanecerían dentro del órgano ejercerían sus funciones sin percibir salarios.

Actualmente, cada consejero recibe una remuneración mensual cercana a los G. 32 millones. Centurión estima que solamente con la eliminación de estos pagos el IPS podría reducir sus gastos en aproximadamente G. 2.500 millones por año.

El ahorro podría ser todavía mayor debido a la estructura administrativa que acompaña actualmente a los miembros del Consejo. Según las estimaciones presentadas por el legislador, al incorporar los costos relacionados con funcionarios asignados a los consejeros, la reducción de gastos podría situarse entre G. 3.000 millones y G. 3.500 millones anuales.

Aunque esa cifra representa una proporción limitada dentro del gigantesco presupuesto de la previsional, Centurión sostiene que los recursos podrían ser redireccionados a mejorar los servicios destinados a asegurados, jubilados y pensionados.

La gratuidad de los cargos también modificaría el incentivo para acceder al Consejo. La propuesta parte del criterio de que quienes pretendan representar a trabajadores, empleadores o jubilados deberán hacerlo exclusivamente como una tarea de representación y vigilancia, sin convertir la función en un puesto remunerado dentro de la estructura del IPS.

La iniciativa aparece además en un momento especialmente delicado para la previsional, golpeada por problemas financieros, cuestionamientos sobre contrataciones, dificultades en la provisión de medicamentos y recientes investigaciones relacionadas con el manejo de sus recursos.

El proyecto deberá iniciar ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados. Si consigue avanzar y posteriormente obtiene la aprobación del Senado, el histórico Consejo de Administración del IPS perderá buena parte de su capacidad de decisión y pasará a funcionar fundamentalmente como un órgano de representación y fiscalización, sin salarios para sus integrantes y apartado de las contrataciones millonarias de la institución.