Santiago Peña cumple este 15 de agosto tres años al frente del Poder Ejecutivo y lo hace en un escenario político que se ha vuelto progresivamente más exigente. El presidente enfrenta cuestionamientos desde sectores de su propio Partido Colorado, críticas de la oposición y una presión creciente para mostrar resultados concretos en áreas sensibles para la ciudadanía, mientras dentro del oficialismo comienza a instalarse, cada vez con mayor intensidad, la discusión sobre el escenario electoral de 2028.

El balance de estos tres años está atravesado por una paradoja: el Gobierno puede exhibir avances en materia de estabilidad y posicionamiento económico, pero esa narrativa encuentra dificultades para traducirse en una percepción generalizada de bienestar. La distancia entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana de buena parte de la población se convierte así en uno de los principales desafíos políticos de la administración.

La situación también se vuelve más compleja dentro de la ANR, donde las diferencias y cuestionamientos hacia la conducción del Gobierno adquieren otra dimensión a medida que se aproxima el siguiente ciclo electoral. Las críticas ya no provienen exclusivamente de la oposición: figuras coloradas han señalado incumplimientos de promesas y reclamado una mayor conexión entre las decisiones del Ejecutivo y las necesidades de la población.

Desde la oposición, mientras tanto, el Gobierno es cuestionado por problemas que van desde la gestión pública y el empleo hasta la seguridad, la salud y la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales. El oficialismo sostiene una lectura diferente y reivindica los avances alcanzados durante estos tres años, mientras referentes del coloradismo, como el expresidente Nicanor Duarte Frutos, defienden la gestión y consideran que las críticas opositoras no reflejan un descontento social generalizado.

En el terreno económico, Peña puede mostrar un Paraguay que mantiene una imagen de estabilidad y atractivo para las inversiones. Sin embargo, el frente fiscal se convirtió en una de las principales preocupaciones de su administración. El Ministerio de Economía prevé para este año un déficit fiscal de 3,2% del PIB, por encima del límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, y proyecta un 3,9% para 2027 antes de retornar al 1,5% en 2028.

Ese escenario obliga al Gobierno a administrar una tensión difícil: sostener la inversión pública y responder a demandas sociales sin deteriorar las cuentas fiscales ni comprometer la trayectoria de la deuda. El propio Ejecutivo analizó recientemente con autoridades económicas y exministros de Hacienda la situación de las finanzas públicas, en un contexto marcado por la preocupación sobre déficit y endeudamiento.

El desafío económico, por tanto, no consiste únicamente en mantener el crecimiento o atraer capital. La pregunta política que empieza a dominar la segunda mitad del mandato es cuánto de esa estabilidad llega efectivamente al bolsillo de los paraguayos. Salarios, empleo, acceso a servicios públicos y capacidad de consumo serán variables determinantes para medir el verdadero impacto social del modelo económico defendido por el Gobierno.

El reloj político ya corre hacia 2028

A tres años de haber asumido, Peña ingresa en una etapa diferente de su administración. El margen para atribuir dificultades a la herencia recibida se reduce, mientras aumenta la expectativa sobre los resultados que podrá mostrar al final de su mandato.

El 2028 aparece además como un horizonte que condicionará buena parte de las decisiones políticas de los próximos dos años. Aunque todavía no existe una disputa electoral formal, los movimientos internos de la ANR, las posiciones de sus principales referentes y la construcción de liderazgos ya forman parte de la conversación política.

Para Peña, el desafío será sostener el respaldo de su partido sin quedar atrapado en sus disputas internas y, al mismo tiempo, recuperar una conexión más directa con una ciudadanía que evalúa los gobiernos menos por sus indicadores macroeconómicos que por la calidad de los servicios, el empleo, la seguridad y su capacidad para llegar a fin de mes.

Los próximos dos años serán, en consecuencia, menos una etapa de instalación y más una prueba de resultados. Peña todavía tiene tiempo para corregir el rumbo, pero el escenario político ya comenzó a medirlo con una vara distinta: no solo por lo que prometió y lo que hizo, sino por lo que será capaz de entregar antes de que el 2028 convierta la gestión en balance electoral.