Los ministros Cesar Garay, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, concluyeron que la Sala Penal no tiene atribuciones para estudiar recursos ordinarios de apelación general, ya que su competencia en materia penal se limita a recursos extraordinarios, como la casación y la revisión. Asimismo, señalaron que las resoluciones que resuelven recusaciones contra jueces de primera instancia o Tribunales de Sentencia no pueden ser revisadas por la Corte Suprema mediante esta vía.

Amarilla Vera planteó el recurso luego de que el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala de la Capital, integrado por conjueces Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez Faría y José Agustin Fernández, rechazara la recusación que había promovido contra los tres magistrados que integran el Colegiado de juzgamiento. La Sala Penal no estudió el fondo de la cuestión por considerar que el recurso utilizado no está previsto legalmente para este tipo de resoluciones.

En su análisis, los ministros recordaron que el Código Procesal Penal reserva a los Tribunales de Apelación el estudio de los recursos ordinarios y que la Sala únicamente puede intervenir en los casos expresamente establecidos por la ley. Incluso sostuvieron que admitir una apelación de estas características abriría la puerta a incidentes y planteamientos dilatorios no contemplados por el sistema procesal vigente.

Guido Amarilla Vera afronta juicio oral por una de las causas abiertas a raíz del procedimiento policial realizado en la madrugada del 1 de abril de 2017 en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), tras las manifestaciones contra el proyecto de enmienda constitucional que buscaba habilitar la reelección presidencial.

Según la acusación del Ministerio Público, el entonces oficial formó parte del grupo policial que ingresó al local partidario durante el operativo. La Fiscalía sostiene que, portando una escopeta, efectuó disparos con balines de goma contra personas que se encontraban dentro del edificio, ocasionando lesiones a una de ellas.

La investigación señala además que el procedimiento se desarrolló luego de que efectivos policiales irrumpieran violentamente en la sede liberal. De acuerdo con los antecedentes de la causa, Amarilla habría sido identificado mediante imágenes de circuito cerrado y otros elementos colectados durante la investigación.

Inicialmente, la imputación había sido formulada por tentativa de homicidio doloso; sin embargo, durante el proceso la calificación fue modificada a lesión grave, figura por la cual finalmente fue elevada la causa a juicio oral.

Los hechos investigados ocurrieron durante el mismo operativo en el que resultó muerto el dirigente liberal Rodrigo Quintana, quien recibió un disparo de arma de fuego dentro de la sede partidaria.