El primer hecho punible se registró cuando el actual diputado colorado Esteban Samaniego era jefe comunal. Con el dinero desviado de la Municipalidad, el matrimonio construyó una lujosa residencia en Asunción. El agente del Ministerio Público, solicitó al juez Humberto Otazú, ante quien se hace la diligencia, que prohíba a Corvalán acercarse a la Comuna donde ejerce sus funciones. La decisión del magistrado es clave.

-¿Vos te ratificaste en tu acusación en esta audiencia preliminar?

“Así es nos ratificamos in totum en la acusación fiscal presentada, la cual es de conocimiento público, contra los familiares del señor Esteban Samaniego, exintendente de Quyquyhó y actual diputado nacional, así como el esquema de funcionarios que conformaban su administración y colaboraron en el desvío de los fondos”.

“De igual manera se solicitó también como medida cautelar el alejamiento de la señora Patricia Corvalán, actual intendenta de dicha ciudad, considerando que existiría un conflicto de interés, ya que la misma es resultante o es una participe o participante del perjuicio patrimonial ocasionado a la citada municipalidad. Sin embargo, la misma se encuentra ejerciendo lo que sería una contradicción, para nosotros existe eso, no una sospecha, sino una certeza de que acontecieron estos hechos y por tanto solicitamos la elevación a juicio”.

-Claro, ahí quiero retenerme. ¿Ahora en esta audiencia o cuándo vos solicitaste que ella no se acerque a la Municipalidad?

“En el momento de la audiencia, al terminar la exposición de la acusación, el Ministerio Público puede solicitar una ampliación de las medidas cautelares y en este caso se hizo dicha ampliación a los efectos de prohibir, solicitar la prohibición de acercamiento de la misma a la municipalidad, considerando los hechos ya acusados y todas las circunstancias que he acabado de mencionar”.

-¿Qué hechos punibles se le atribuye a la intendenta concretamente?

“Dos hechos punibles concretamente, la complicidad en la administración en provecho propio, ya que ella cobró cheques cuando su cónyuge, el actual diputado, estaba como intendente, os cheques provenientes de fondo Royalties y Fonacide que son fondos destinados para inversión en la educación, infraestructura. Por otra parte también se encuentra acusada por el tipo penal de lavado de dinero, por el hecho de haber obtenido a través del desvío de fondos conjuntamente con su cónyuge, un beneficio económico que derivó ese beneficio en la construcción de una vivienda ubicada en el barrio San Vicente (Asunción) que es la vivienda donde actualmente habitan ambos. Sería básicamente administración en provecho propio en carácter de cómplice y lavado de dinero en calidad de coautora”.

-Esas extracciones de cheques son del 2011, del 2013, ¿corren riesgo de prescripción, no pueden prescribir?, ¿cómo podemos entender nosotros los comunes esta situación, que de repente se puede plantear?

“En ese sentido, verdad, yo no me quiero adelantar porque eso forma parte de los incidentes, Carlos, verdad, que están siendo justamente planteados y no quisiera exponer antes la posición del Ministerio Público y ser imprudente en ese sentido, porque forman parte de los incidentes”.

-El juez les advirtió a las partes que están dilatando, digamos, esta audiencia preliminar. ¿Vos pediste algún tipo de sanción? ¿Qué es lo que solicitaste?

“El juez solicitó, advirtió a las partes de que informó de que iba a comunicar a aquellos abogados que no se presentaban el día de la fecha y ausencia injustificada de varios profesionales, a lo cual el Ministerio Público también hizo hincapié y se allanó a dicha manifestación realizada por el juez durante la audiencia preliminar, de que también solicitará al juzgado que imprima su poder de disciplina y en el caso de los abogados e incluso la posibilidad de revocar las medidas que pesan sobre los procesados de continuar con una consulta obstructiva al proceso”.

El Observador