En sus alegatos finales, Ferreiro dijo que la acusación es por tres hechos concretos. Esta causa inicia por una denuncia con un papel que segura no tiene ninguna validez como instrumental, sin que se haya verificado la autenticidad del chat, se presento un papel con impresiones sin indicación de los teléfonos utilizados, referido al chat “asado de fin de semana” que en la sentencia se asienta que ni siquiera se intentó demostrar su autenticidad

El acta de imputación de diciembre del 2019, “habla de un chat por ende habría un tráfico de influencias”

Aseguró que no hubo ninguna explicación sobre la imputación por tráfico de influencias y tampoco se estableció el supuesto daño patrimonial causado.

“Fue tan alevoso y tan evidente que el 23 de diciembre de 2019, el juez penal de Garantías Gustavo amarilla devuelve el acta de imputación” y dice claramente que respecto a dos imputados no se refería a ningún hecho.

Prosigue diciendo que la fiscal se ratifica y dice “que los hechos están escritos en el acta, que el juez no supo leer” y vuelve a mencionar la supuesta reunión y el chat, sin especificar números de teléfono.

Ya en enero del año siguiente – relata – imputa a Mario Ferreiro por extorsión, porque dos personas cercanas a Mario Ferreiro extorsionaron a un tercero. “Les invito, a que busquen en esa acusación cuál es el beneficio o promesa de beneficio que aceptó o se hizo prometer a alguna persona en esta causa”, exclamó el letrado.

Alertó que habría que estudiar también si los jueces penales de garantías incurrieron o no en mala praxis y por ende en mal desempeño, “pero no excusa a una agente fiscal que acuse a un ciudadano sin explicar de qué se debe defender”.

En el auto de apertura, la misma se ratificó en su acusación y pidió penas privativas de liberta, pero en ningún momento dice a que refiere el tráfico de influencias, en qué consistió, qué pidió alguno de los acusados u ofreció como beneficio indebido.

“Aquí hubo mala fe, aquí hubo un procesamiento indebido de personas que nunca tuvieron que ser procesadas y un pedido de condena que ya no fue convalidado por ningún juez penal de garantías perezoso”, refirió Ferreiro y agregó que «toda esta causa fue montada, hay una denuncia penal pendiente, en cuatro años no tenemos fiscal designado. Esta causa habla sola, a gritos”.

Otra irregularidad que mencionó fue que los teléfonos incautados de los procesados, al momento de la extracción de datos, ya no estaban lacrados, lo que demuestra la forma deficiente del tratamiento de las evidencias.

“Acá no se acusa a la agente fiscal por perder un caso, se acusa por llevar a juicio y pedir condenas sin referir siquiera cuáles eran los elementos que constituyen el tipo objetivo”.

Dijo que este proceso “atentó contra la democracia” porque le costó el cargo a un intendente” y también afectó a personas que no tuvieron que ser procesadas.

“Esta causa ha destrozado la vida de estas personas quienes hoy no pueden abrir una cuenta en un banco de plaza”, exclamó el letrado.

Finalmente dijo a los miembros del JEM que lean la sentencia del caso y que se dicte resolución separando de su cargo a la fiscal.