El abogado Andrés Casatti, representante de Hugo Javier, solicitó el cambio de domicilio legal de su cliente, para fijarlo en la sede de la Gobernación de Central.
El pedido pretendía que Hugo Javier permanezca dentro de la institución en lo que dure el proceso judicial.
La magistrada María Elena Cañete rechazó el planteamiento y ratificó el arresto domiciliario en la vivienda ya declarada por el investigado.
La Unidad Anticorrupción abrió una causa por lesión de confianza contra Hugo Javier, por su administración durante la pandemia.
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