Uno de los cambios más relevantes del proyecto de Reforma de la Caja Fiscal, presentado por el Poder Ejecutivo el martes último, es la introducción de un tope al haber jubilatorio.
Este límite alcanzará tanto a los afiliados del régimen civil como a los sectores no civiles (docentes, policías y militares).
De acuerdo con el texto del proyecto, el primer haber jubilatorio se calculará en función del promedio de la remuneración imponible de los últimos cinco años de servicio, aplicando la tasa de sustitución correspondiente.
Para este cálculo inicial, se establece un límite máximo de remuneración imponible equivalente a la remuneración total del contralor general de la República, incluyendo sueldo y gastos de representación. Con la fijación del objeto de gasto (OG) correspondiente a salario y gastos de representación, el tope efectivo para el cálculo del haber jubilatorio quedaría en torno a los G. 24 millones mensuales, según explicaron desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El Ejecutivo considera el establecimiento de este tope como una de las herramientas clave para contener el crecimiento del gasto previsible, especialmente en los tramos de ingresos más altos. Si bien el impacto inmediato se concentrará en un número reducido de futuros jubilados, el efecto acumulado en el tiempo contribuirá a reducir el déficit estructural de la Caja Fiscal.
Actualmente, el sistema registra un déficit cercano a USD 300 millones anuales, y las proyecciones oficiales advierten que, sin reformas, la necesidad de financiamiento con impuestos seguiría aumentando en los próximos años.
La propuesta prevé cambios importantes para el magisterio nacional (docentes), docentes universitarios, magisterio judicial, policías y militares.
Según la cartera económica, entre 2014-2024, el déficit total de estos sectores fue de USD 1.162 millones, de los cuales USD 748 millones corresponden a las Fuerzas Públicas, financiado con recursos del Tesoro; y USD 414 millones al Magisterio Nacional, financiado con los excedentes del Programa Contributivo Civil. Las proyecciones actuariales indican que, en ausencia de reformas, los referidos excedentes se agotarán alrededor del 2028, momento en el cual el déficit deberá ser cubierto en su totalidad con impuestos, desplazando recursos públicos que podrían destinarse a áreas igualmente prioritarias como salud, educación, infraestructura y seguridad ciudadana.
De acuerdo con la exposición de motivos, una de las causas fundamentales del acelerado déficit referido es la heterogeneidad normativa entre los distintos sectores, principalmente en relación con el requisito de edad mínima. Mientras que el Magisterio Nacional, los docentes universitarios, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no establecen una edad mínima, otros sectores la exigen, como es el caso de la Administración Pública, que establece como requisito para la jubilación ordinaria una edad mínima de 62 años.
“En otros términos, los regímenes que no cuenta con el requisito de edad mínima incentiva jubilaciones tempranas, lo que prolonga durante décadas el pago de haberes, incrementando la presión sobre los recursos del sistema solidario”, señala el documento.
La proyección es reducir a menos de la mitad el agujero de la caja en el primer año de su vigencia.

Miguel Narvaez



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