Entre las principales modificaciones, se establece que el Estado realizará un aporte del 10% al sistema, porcentaje que incluye beneficios ya financiados por el Tesoro como la cobertura de salud para funcionarios, la gratificación anual a jubilados y los recursos destinados a cubrir déficits de sectores no civiles. Además, el proyecto plantea elevar el aporte de los trabajadores de sectores deficitarios del 16% al 19%, como parte de las medidas para equilibrar las finanzas del régimen previsional.

La iniciativa también introduce nuevas condiciones para acceder a la jubilación ordinaria en sectores como el magisterio, docentes universitarios y magistrados judiciales, fijando como requisito al menos 25 años de aporte y una edad mínima de 53 años. Con estas condiciones se prevé una tasa inicial de reemplazo del 78%, que podría aumentar gradualmente hasta el 90% si el trabajador continúa aportando al sistema.