En la operación quitaron de circulación 326 toneladas de marihuana, lo que produjo un perjuicio al grupo criminal de 9.7 millones de dólares.

Durante la duración del procedimiento eliminaron 107 hectáreas de cultivos ilícitos, la mayoría de estos, trabajados por comunidades indígenas que responden a las órdenes de referentes criminales.

Coordinaron las acciones los fiscales Christian Royg e Inés Estigarribia.