La decisión afecta al proyecto de Ley Nº 7667/2026, una iniciativa que buscaba eliminar cargas tributarias y simplificar los procedimientos relacionados con el ingreso al país de camiones hidrantes, ambulancias de rescate y otros vehículos especializados provenientes de donaciones internacionales.
El documento había sido impulsado con el propósito de reducir las dificultades económicas y administrativas que enfrentan las organizaciones de bomberos voluntarios al momento de incorporar equipamientos destinados a fortalecer sus servicios de emergencia.
La propuesta partía del reconocimiento de que estas instituciones desempeñan una función fundamental en la atención de incendios, accidentes de tránsito, rescates y situaciones de desastre, pese a que gran parte de sus actividades dependen de contribuciones particulares, campañas solidarias y recursos limitados.
Entre los principales objetivos de la iniciativa figuraba garantizar que las unidades de emergencia donadas desde el extranjero pudieran ingresar al territorio nacional sin generar obligaciones tributarias que dificultaran su recepción.
Sin embargo, el Ejecutivo consideró que la creación de un nuevo régimen de exoneraciones no resulta necesaria, debido a que el ordenamiento jurídico paraguayo ya reconoce beneficios fiscales específicos para las organizaciones de bomberos voluntarios.
La objeción presidencial se fundamentó en informes técnicos elaborados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), organismos que examinaron el contenido del proyecto y su relación con las disposiciones legales existentes.
De acuerdo con los argumentos oficiales, la Ley Nº 5375/2014 ya había introducido modificaciones a la Ley Nº 1431/1999 para establecer exoneraciones tributarias, incluidos beneficios aduaneros, destinados a los cuerpos de bomberos.
Posteriormente, la Ley Nº 6762/2021 sustituyó el régimen anterior y mantuvo las disposiciones relacionadas con las facilidades fiscales para estas organizaciones.
En particular, el artículo 14 de esta última normativa establece la exoneración de derechos aduaneros y del adicional aduanero para la importación de vehículos y equipos necesarios para el cumplimiento de las funciones de los bomberos voluntarios.
La legislación también contempla otros beneficios, entre ellos determinadas exoneraciones vinculadas con tasas judiciales e impuestos inmobiliarios.
Sobre esta base, el Gobierno concluyó que la propuesta sancionada por el Congreso pretendía incorporar nuevamente beneficios que ya forman parte del marco jurídico vigente.
El argumento central del veto se relaciona con la denominada redundancia normativa, una situación que se produce cuando distintas leyes establecen regulaciones coincidentes sobre una misma materia sin introducir modificaciones sustanciales.
Para el Poder Ejecutivo, aprobar otra disposición con objetivos similares podría generar una superposición innecesaria de normas, en lugar de contribuir a resolver las dificultades administrativas que enfrentan las instituciones beneficiarias.
No obstante, los fundamentos del proyecto legislativo reconocían la existencia de exoneraciones anteriores y advertían que su aplicación práctica no siempre resultaba sencilla.
Precisamente, uno de los planteamientos consistía en superar los obstáculos burocráticos que, según los impulsores de la iniciativa, continúan dificultando la recepción de vehículos y equipamientos provenientes del exterior.
Esta diferencia constituye uno de los aspectos centrales de la controversia: mientras el Ejecutivo sostiene que los beneficios fiscales ya están garantizados por ley, la propuesta legislativa buscaba reforzar los mecanismos para facilitar su aplicación efectiva.
La objeción presidencial fue formulada al amparo del artículo 209 de la Constitución Nacional, que regula el procedimiento de veto del Poder Ejecutivo respecto de los proyectos sancionados por el Congreso.
Con esta decisión, la iniciativa deberá regresar a la Cámara de Diputados, donde los legisladores tendrán que analizar los argumentos presentados por el Gobierno y determinar si aceptan la objeción o insisten en la sanción del proyecto.
El tratamiento parlamentario está previsto para las próximas semanas y permitirá establecer si la propuesta continúa su trámite legislativo o queda sin efecto.
Mientras tanto, las exoneraciones reconocidas por las leyes actualmente vigentes permanecen aplicables, por lo que el veto no implica la eliminación de los beneficios tributarios que ya corresponden a los cuerpos de bomberos voluntarios.
La discusión legislativa queda centrada en determinar si las disposiciones existentes resultan suficientes para garantizar la importación de unidades de emergencia o si se requieren mecanismos adicionales que permitan reducir los trámites y facilitar el aprovechamiento de las donaciones internacionales.
La decisión del Ejecutivo abre así un nuevo debate sobre la necesidad de mejorar la aplicación de las normas vigentes, en un contexto en el que las organizaciones de bomberos voluntarios continúan dependiendo de recursos y equipamientos para sostener sus servicios de respuesta ante emergencias en todo el territorio nacional.
