La imputación fue realizada por la Fiscal Yolanda Portillo de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Publico por producción de documentos no auténticos y pidió al juzgado medidas alternativas.

El dinero fue desembolsado por Urbieta en su época de gobernador el 15 de diciembre de 2017 a nombre de la Asociación de Funcionarios de la Gobernación, presidida en ese entonces por su secretario, Héctor Romero. El pedido fue presentado el 11 del mismo mes para reparación de aulas en Cerro Morado y Paso Barreto, zonas afectadas supuestamente por un temporal.

Sin embargo, tras averiguaciones en los mencionados lugares, no se ha realizado ninguna reparación de escuelas como mencionaba la nota de pedido.

La Juez María Petrona de Giacomi, del tercer turno del juzgado de garantías, fijó audiencia para la imposición de medidas a Romero el próximo 11 de junio a las 10:30 horas.