“Asimismo quiero manifestar que, sobre las máquinas de votación, yo sé que hay una participación del Grupo Vázquez; no sé en qué medida, pero se puede verificar que la empresa COMITIA realiza pagos a itti por la adjudicación de esas máquinas”, declaró Rey ante los agentes del Ministerio Público que investigan el caso ueno bank.
“En el caso de la quiniela, también es a través de una empresa denominada DATA FORCE, que también estaría vinculada al Grupo Vázquez; hay una persona que se llama Diana Jara que se encargaba de las licitaciones de las cuales participaba el Grupo Vázquez y que podría dar más información al respecto”, agregó el ex directivo de ueno bank.
Aclaración. Tras la divulgación de dichas declaraciones, el TSJE emitió un comunicado donde señala que “ no mantiene ni ha mantenido vínculo contractual alguno con la empresa itti”.
En el texto explican que, ante las declaraciones de Julio Rey sobre una supuesta vinculación del Grupo Vázquez con la firma que arrienda las máquinas de votación, el TSJE solicitó a la empresa COMITIA un informe sobre la eventual existencia de vínculos con la empresa itti, del Grupo Vázquez.
“En respuesta, COMITIA manifestó que no tiene ni ha tenido participación societaria en el Grupo Vázquez ni en sus empresas vinculadas. Asimismo, aclaró que contrató los servicios de ueno Seguros exclusivamente para brindar cobertura al transporte de las máquinas de votación, conforme a las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC)”, indicaron en el comunicado.
El TSJE incluso compartió la nota de respuesta que le dio COMITIA sobre supuestos vínculos con el Grupo Vázquez, y en la misma niega cualquier tipo de vínculo.
“Muy por el contrario, COMITIA Paraguay es un perjudicado más en su calidad de ahorrista. En relación a trascendidos, se contó con la provisión del servicio de seguros de transporte para las máquinas de votación, en cumplimiento de un requisito establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del proceso de contratación correspondiente, sin participación alguna en el desarrollo, fabricación o provisión de la tecnología electoral”, dice parte de la nota firmada por Francisco Perez Quintana, representante legal de la empresa.
La Justicia Electoral se reafirmó en la legalidad de todo el proceso que llevó al arrendamiento de las máquinas de votación que se utilizaron en las elecciones municipales del pasado 4 de octubre.
“El TSJE ratifica que el proceso de arrendamiento de las máquinas de votación se desarrolló conforme a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, y reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la institucionalidad de los procesos electorales”, cerró su comunicado.
En el 2025, tras cancelar una compra directa por USD 92 millones ante cuestionamientos del Senado, el TSJE licitó el alquiler de 18.000 equipos por unos USD 35 millones. En diciembre de 2025, el contrato fue adjudicado al consorcio argentino Comitia-MSA, único oferente.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) abrió una investigación de oficio sobre el llamado, considerando las diversas protestas que se presentaron por supuesto direccionamiento.
Finalmente, la DNCP resolvió levantar la suspensión tras considerar solventadas las protestas. Esto habilitó al TSJE a abrir los sobres y adjudicar el contrato de arrendamiento a COMITIA-MSA.
“La empresa COMITIA realiza pagos a itti por la adjudicación de esas máquinas (de votación)”. Julio Rey, ex vicepresidente de ueno.





