“Si no hay evidencias, no tenemos base sólida para investigar”, afirmó Emiliano Rolón, titular del Ministerio Público, en entrevista con radio Monumental 1080 AM, donde sostuvo que las primeras presentaciones se limitaban a “una imputación, una alegación” sin sustento material, escenario que —según declaró— comenzó a transformarse a partir de las recientes diligencias e incautaciones.
El caso tuvo su origen en septiembre de 2025 tras la denuncia pública de Luz Candado, ex funcionaria de la residencia presidencial Mburuvicha Róga, quien reveló la existencia y el manejo opaco de fajos de efectivo —conteniendo cientos de miles de dólares en sobres y bolsas— dentro del recinto oficial.
La denuncia, publicada por el diario ABC Color, salpicó directamente al entonces mandatario Santiago Peña, al señalar reuniones reservadas en las que Miguel Vázquez, fundador de ueno bank, le habría entregado sobres con dinero. Además se hablaba de llamativas reuniones con otros empresarios y autoridades.
Candado relató además que, tras la posterior pérdida de un fajo de dinero, ella y su entorno familiar fueron acusados injustamente de robo y sometidos a interrogatorios e ilícitas pruebas de polígrafo por parte de personal militar.
El escándalo se profundizó con la filtración de audios y mensajes del entorno presidencial que respaldaban las presiones ejercidas. Los sobres del poder precedieron a la posterior crisis de ueno bank.
Durante el diálogo radial, Rolón también atribuyó la lentitud de los procesos a severas limitaciones estructurales, subrayando que el Ministerio Público cuenta con apenas “350 fiscales en todo el país” y que la carencia de presupuesto y tecnología “sigue latente”.
Al ser cuestionado sobre la marcada disparidad entre esta causa y operativos de gran escala como los de A Ultranza —caracterizados por decenas de allanamientos simultáneos—, el fiscal general argumentó que la Unidad de Delitos Económicos opera con una lógica técnica distinta, ya que “la dimensión es superlativa, no es simplemente visitar locales, sacar datos y tratar de procesarlos”, lo que exige un trabajo analítico especializado sobre folios que con frecuencia superan las “200, 300 o 400 hojas”.
Pese a los cuestionamientos de la prensa, respecto a la demora en la incautación de teléfonos de sospechosos clave y la falta de incursiones en sedes del Poder Ejecutivo o el ámbito corporativo, Rolón defendió la labor del equipo investigador asegurando que actúan con “la mejor buena intención” y apeló a “un poco de comprensión” por parte de la ciudadanía mientras se procesa el volumen de documentación acumulado.
