La Lengua de Señas Paraguaya (LSPy) cuenta con reconocimiento oficial desde 2020, pero el acceso efectivo a la comunicación y a los servicios públicos todavía enfrenta obstáculos. Un diagnóstico realizado este año por la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) en 39 organismos y entidades del Poder Ejecutivo reveló que solo 16 cuentan con funcionarios que manejan la LSPy y apenas cinco disponen de intérpretes.

El estudio, socializado por la SPL en junio de 2026, registró además 59 funcionarios con manejo de la lengua de señas y 98 funcionarios con discapacidad auditiva dentro de las instituciones analizadas. El informe señala que, aunque existe una actitud institucional favorable y un conocimiento amplio de la Ley 6530/20, la atención a usuarios sordos continúa siendo deficiente en su propia lengua.

El dato adquiere relevancia durante la Semana Internacional de las Personas Sordas, que este año se desarrolla del 21 al 27 de septiembre. El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas, establecido por las Naciones Unidas para visibilizar el papel de estas lenguas en el ejercicio pleno de los derechos humanos. En 2026, la ONU centra la jornada en la necesidad de hacer efectivos los derechos humanos de las personas sordas.

Un derecho reconocido por ley

La Ley N.º 6530, promulgada en 2020, reconoce oficialmente la Lengua de Señas Paraguaya como medio de comunicación e instrucción y como instrumento para promover la identidad, la cultura y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad auditiva.

La normativa establece además que la LSPy constituye la primera lengua de las personas con discapacidad auditiva que la utilizan y reconoce su carácter visual, gestual, manual y espacial, con un sistema léxico y gramatical propio.

Uno de los puntos centrales de la legislación es el acceso a los servicios. La ley establece que los organismos y entidades del Estado, las instituciones privadas que brinden servicios públicos o atención al público y los actos oficiales dirigidos a la ciudadanía deben contar con intérpretes de lengua de señas para garantizar el acceso a la información y la comunicación.

La misma norma asigna a la Secretaría de Políticas Lingüísticas la responsabilidad de promover la normalización de la lengua, desarrollar cursos y capacitaciones, formar y acreditar intérpretes y establecer un registro de estos profesionales. La SPL informó en 2026 que ya cuenta con la Resolución N.º 120/2026, relacionada con el Registro Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Paraguaya.

Una población que todavía enfrenta barreras

Los datos del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 muestran que Paraguay tenía 6.109.903 habitantes y que 299.839 personas de cinco años y más presentaban algún tipo de discapacidad, equivalente al 5,3% de esa población.

Dentro del conjunto de personas con discapacidad, la discapacidad auditiva representaba el 23,5%. El INE aclara que su medición comprende a quienes presentan dificultad o limitación permanente para escuchar, incluso utilizando audífonos.

La cifra no equivale directamente al número de usuarios de la Lengua de Señas Paraguaya, ya que no todas las personas con dificultades auditivas utilizan lengua de señas. Sin embargo, permite dimensionar la existencia de una población para la cual las barreras de comunicación pueden convertirse en obstáculos para acceder a servicios, información y derechos.

La comunicación también es un derecho

El reconocimiento de la LSPy no se limita a una cuestión lingüística. La propia Ley de Lenguas establece que el Estado debe asegurar el respeto de la comunicación visogestual o lengua de señas y contempla derechos lingüísticos vinculados con el acceso a información y servicios.

Paraguay también cuenta con la Ley N.º 4336, que establece la obligatoriedad del lenguaje de señas en los informativos o noticieros de los medios de comunicación audiovisuales. La norma busca garantizar que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a información de interés social, económico, político, educativo, deportivo y cultural.

El desafío, por tanto, no consiste únicamente en que exista una legislación que reconozca derechos, sino en que esos derechos puedan ejercerse en la vida cotidiana: al acudir a un hospital, realizar un trámite, buscar información, estudiar, trabajar o comunicarse con una institución pública.

El diagnóstico de la Secretaría de Políticas Lingüísticas coloca precisamente ese desafío sobre la mesa: de los 39 organismos analizados, solo cinco contaban con intérpretes y la investigación identificó una atención deficiente a usuarios sordos en su propia lengua.

Una lengua, una identidad y una puerta de acceso

La Organización de las Naciones Unidas destaca que las lenguas de señas son lenguas naturales plenamente desarrolladas y estructuralmente diferentes de las lenguas habladas. También señala que existen más de 300 lenguas de señas utilizadas por comunidades sordas en el mundo.

La ONU sostiene que el acceso temprano a la lengua de señas y a servicios en esa lengua, incluida una educación de calidad, es fundamental para el desarrollo de las personas sordas y para el ejercicio de sus derechos.

En Paraguay, el desafío planteado durante esta semana de conmemoración es concreto: pasar del reconocimiento formal de la Lengua de Señas Paraguaya a una accesibilidad efectiva en todos los espacios donde una persona necesita comunicarse, informarse y ejercer sus derechos.