El 8 de febrero pasado, la jueza Sánchez, con base al requerimiento número 15 del 6 de febrero del fiscal Deny Yoon Pak, mediante el cual solicitó un auxilio judicial, emplazó por 24 horas, a partir de la notificación a los bancos, Itaú, Atlas, Bancop, Familiar y GNB, para que remitan al juzgado los informes solicitados por el Ministerio Público en el marco de la investigación “A Ultranza PY”.

Las entidades financieras habían remitidos informes parciales al fiscal con relación al Grupo Tapyracuai, La Hortencia y algunos imputados dentro de la mega causa.

El agente del Ministerio Público reiteró los pedidos, pero los bancos no le respondieron por lo que tuvo que solicitar el auxilio judicial, dispuesto por la magistrada Sánchez.

La jueza, además, apercibió a los directores de los bancos que sus antecedentes podrían ser remitidos al Ministerio Público para ser imputados por el hecho punible de desacato, que prevé una pena de seis a dos años de cárcel o multa, de acuerdo a nuestro Código Penal.

Hasta el viernes pasado, solo el banco Atlas había informado al juzgado, tras el emplazamiento y el apercibimiento de la magistrada.