En la causa, se decomisaron 8 estancias, 4 vehículos y 7 empresas, que, de acuerdo a la tasación del momento, representaron G. 596.485.600.000 o sea US$ 86.447.188. Esto, sin considerar las utilidades, de acuerdo a los datos obtenidos por El Observador.
Ante una eventual condena de los acusados en juicio oral y una vez que el fallo quede firme, los bienes deben ser comisados a favor del Estado paraguayo. Es por eso, que es inadmisible que se dilate tanto el proceso. El caso se remitió a juicio oral hace dos años y ahora pasa para marzo de 2025. Es una vergüenza.

SUSPENSIÓN EN JUNIO

El 3 de junio pasado, ya se intentó iniciar el juicio oral, pero se suspendió porque el abogado Alejandro Nissen planteó reposición y apelación en subsidio contra la providencia por la cual se fijó fecha y convocó a audiencia pública. El abogado Carlos Ruffinelli refirió estar con gripe y la letrada Mariam Ivonne Nin alegó que tenía otro juicio oral en Ciudad del Este. El proceso ya data de 2017 y está en juego el comiso de bienes a favor del Estado por alrededor de US$ 86 millones, que figuran a nombre de testaferros.

Los jueces habían rechazado la reposición planteada por Nissen, pero atendiendo que fue como apelación en subsidio, tuvieron que enviar el expediente a la Cámara de Apelaciones para analizar la decisión de primera instancia. La presentación es meramente dilatoria, carente de sustento, pero debe ser estudiado.
Nissen ejerce la defensa del acusado Eduardo de Oliveira Moleirinho.

El abogado Carlos Ruffinelli, quien manifestó estar con un cuadro gripal, es defensor de Emil Oscar Moreira Pinto y la letrada Mariam Ivonne Nin representa a los acusados Arnaldo Arévalos, José Félix Arévalos y Liz Agustina Sanabria.

La ley obliga a todas las partes a litigar con buena fe (en este caso acusados y fiscalía) y obliga a los magistrados a velar por el buen desarrollo del proceso e incluso los obliga a aplicar sanciones a aquellos que caen en el ejercicio abusivo del derecho.

LOS ACUSADOS

El juicio oral y público es a los 12 acusados de integrar la organización liderada por el presunto narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca.

Los acusados son los contadores Mauro Mereles (expresidente del Club 2 de Mayo, de Pedro Juan Caballero), Diosmede Aguilera y Reinaldo Candia Cristaldo. También figuran Juana Estela Cardozo de Aguilera, Luis Carlos Aguilera, Luis Gregorio López y Eduardo de Oliveira Moleirinho. Además, afrontarán juicio oral y público por presunto lavado de dinero y asociación criminal los supuestos testaferros Arnaldo Arévalos, Liz de Arévalos, José Félix Arévalos, Emil Óscar Moreira Pinto y Nadir Drusila Ibarra.

LOS ANTECEDENTES

Luiz Carlos Da Rocha, era líder de una organización criminal que se dedicaba a traficar sustancias estupefacientes, principalmente mediante la adquisición y utilización de diversos medios de transporte, desde Bolivia, Colombia, Perú, pasando por Venezuela y Paraguay, hasta Brasil, desde donde se transportaban hasta diferentes países de Europa, Asia, África. Esto se acreditó con la incautación de 1500 kilos de cocaína, entre ellos 638 kilogramos que se encontraban dentro de un camión con matrícula AZZ-1287, conducido por Diego Ian Marquez, 641 kilos de cocaína encontrados en el interior del camión con placa OYD-2799, conducido por Douglas Marquez, y 169, 95 kg del interior del local comercial localizado en el estado de Paraná, conforme los antecedentes de la causa Nº 5014853-33.2017.4.04.7000, del Ministerio Público de dicho estado del Brasil.

En fecha 1 de julio de 2017 fue deflagrada la Operación Spectrum, y se detuvo en la República Federativa del Brasil, a Luiz Carlos Da Rocha, quien utilizaba las siguientes identidades en el país vecino: Vitor Luis de Moraes y Luiz Henrique Guimaraes, y el alias de cabeza branca, el traficante de cocaína más buscado por la Policía Federal del Brasil y en América del Sur por la Interpol, así como la prisión de su brazo derecho, Wilson Roncarati, incautación de 1,5 toneladas aproximadamente de cocaína, 4.446.136,00 dólares, 8915 euros y 470 francos suizos, 109.959 reales, joyas de oro y relojes de lujo, armas, vehículos, varios documentos, además del secuestro de inmuebles y propiedades rurales relacionadas a Luiz Carlos Da Rocha y los miembros de la Organización Criminal.

El esquema utilizado era el siguiente: el grupo criminal dirigido por el mismo, operaba como una estructura empresarial, controlando y actuando desde un área de producción de cocaína, en regiones inhóspitas, selvas, en países como Bolivia, Perú y Colombia, teniendo una logística de transporte, distribución y manutención de almacenes en Paraguay y en Brasil.

La droga era ocultada en territorio brasileño, especialmente en municipios de Mato Grosso y en el Estado de Sao Paulo, para posteriormente ser trasladada en camiones hasta puertos clandestinos desde donde se embarcaban con destino a Europa y Estados Unidos. Entre los años 2014 y mitad del 2017, la ganancia obtenida, según la Policía Federal del Estado de Paraná y la Procuraduría del Estado de Paraná, fue de aproximadamente US$ 138.233.839 por 27 (veintisiete) toneladas de cocaína.

Estas sumas de dinero recibidas por las operaciones de transporte y venta de cocaína, eran objeto de una serie de operaciones, que finalizaban en la integración de los activos, en los sistemas financieros brasileño y paraguayo, que se describen a continuación. En el Brasil las sumas de dinero, eran convertidas de dólares a reales, y finalmente eran utilizadas para la adquisición de bienes, como propiedades rurales, incluidos ganados, inmuebles urbanos y vehículos que servían como una forma de ocultación del dinero ilícito a fin de continuar con sus actividades, tanto dentro del Brasil como en la República del Paraguay.

En este estado de cosas, Luiz Carlos Da Rocha organizó en el país, un grupo de personas con funciones definidas que se dedicó a la colocación, estratificación e integración de activos provenientes del tráfico de drogas en el sistema financiero nacional, cuyos antecedentes se remontan al año 2004, y se describen a continuación.

El Observador