El juicio oral y público del extitular del Indert y otros procesados por varios delitos podría culminar este año. La semana pasada, una contadora afirmó que completó varias facturas a nombre de la institución estatal, supuestamente a pedido de sus contribuyentes. El dinero cobrado correspondía al fondo fijo (caja chica).

En la causa que involucra al extitular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Mario Vega y otros, el Ministerio Público representado por el fiscal Luis Said, incautó varias facturas emitidas en diferentes conceptos a nombre de la institución por montos de hasta G. 1.590.000, ya que el fondo correspondía a la caja chica, cuyo desembolso no podía de superar 20 jornales.

Llamativamente, todas las facturas fueron confeccionadas en plena pandemia, específicamente, durante los meses de marzo y mayo de 2020 y todas fueron llenadas con la misma caligrafía.

En este sentido, los supuestos prestadores de servicios fueron convocados en calidad de testigos por el Ministerio Público, y los mismos, días atrás, declararon ante el Tribunal de Sentencia que, algunos comprobantes les pertenecían; pero que no fueron emitidos por ellos a nombre del Indert. Otros testificaron que, sus facturas habrían sido clonadas.

Todos los testigos, siete, coincidentemente tenían la misma contadora. Tras los testimonios, el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Yolanda Morel e integrado por las juezas Claudia Criscioni y Elsa García, convocó de oficio vía notificación a la contadora en cuestión para que comparezca ante el Tribunal.

La profesional contable, Fátima Pereira, se presentó con actitud prepotente, y reconoció cada una de las facturas confeccionadas por ella misma y aseguró que fueron completadas a pedido de sus clientes, que son testigos de la Fiscalía. Aseguró que no le llamó la atención que sus clientes le hayan solicitado llenar los talonarios a nombre del Indert en plena pandemia durante los meses de marzo y mayo de 2020, y todos en fechas prácticamente correlativas.

Según las facturas los servicios que presuntamente contrató el Indert fueron identificados como servicios mecánicos pero los comprobantes, llamativamente correspondían a un taxita. También de carpintería, cerrajería, servicios veterinarios, reparación de sillas y escritorios, entre otros.

El miércoles 27 a las 08:00 se prevé la declaración de los últimos testigos y también se seguirá con la producción documental. Se prevé que la sentencia se dicte este año.

Los hechos punibles investigados son lesión de confianza en el marco del convenio firmado con la Fundación Cerro Lambaré (Fucela) encargada de varias obras sociales, que aparentemente no fueron concluidas e incluso no habrían sido hecas.

También cohecho pasivo agravado y soborno al supuestamente pedir la suma de US $25.000 dólares, a cambio de la liberación del pago de G. 300 millones a dicha fundación en concepto de pago de obras (que no fueron concluidas), además de cobro indebido de honorarios, lesión de confianza relacionado al manejo de la caja chica de la institución y finalmente asociación criminal.