La defensa alegó que el traslado fue arbitrario, sin informar los motivos ni respetar el procedimiento legal, sosteniendo además que Galindo aún tenía condición de prevenido y estaba alojado junto a condenados. 

“No tiene perfil de ‘alta peligrosidad’, tampoco tiene indisciplinas, riñas, ni amenazas contra internos ni contra alguna autoridad penitenciaría y no existe documento alguno sobre sumarios administrativos”, reclamó la defensa, ejercida por la defensora Myrian Fernández.  

También denunció omisiones procesales y pidió acceder a la documentación y resolución que justificó la medida de traslado.

Sin embargo, la Alzada concluyó que el trámite aplicado por el juez fue el correcto, que los cuestionamientos se refieren a decisiones de carácter administrativo del sistema penitenciario y que Galindo ya no tiene la calidad de prevenido, pues su condena de 19 años fue confirmada por la Cámara, integrada por Camilo Torres, Arnulfo Arias y Paublino Escobar. 

“La apelación planteada por la defensa no va más allá de cuestionamientos de disconformidad en cuanto a la decisión adoptada por el órgano estatal”, remarcó la Cámara y resaltó que los agravios no resultan suficientes para demostrar las vulneraciones, errores procedimentales o actos que hayan generado algún menoscabo procesal que desembocara en la anulación o revocación del fallo.