Un operativo policial y fiscal se desarrolló este viernes en el local de la empresa de exportación e importación Sancay S.R.L., ubicada sobre las calles Teniente Primero Horacio Gini y Felipe González, del barrio Campo Grande de Luque, Departamento Central.

El procedimiento comenzó alrededor de las 09:30, en prosecución de la investigación de la causa N.º 14.349/2026, caratulada “Israel Rodríguez y otros sobre privación de libertad y otros”.

El allanamiento fue realizado por agentes de la Oficina Externa de 4 Mojones, dependiente del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional, bajo la dirección del subcomisario Darío López y de la agente fiscal Sophia Anatolia Galeano Gavilán, de la Unidad Penal N.º 8 de la Fiscalía Zonal de Luque.

El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida el 3 de setiembre por la jueza Penal de Garantías de Primer Turno de Luque, Jennifer Ynsfran Espinoza Morán.

Durante el operativo fueron detenidos tres personas, identificadas como Rubén Eligio Estigarribia Morínigo, de 42 años; Fabiola Elena Mequer Pfefferkorn, de 47 años, e Israel Rodrigues da Anunciação, de 41 años, de nacionalidad brasileña. Los tres quedaron a disposición del Ministerio Público y serían trasladados a la Comisaría 3.ª de Luque.

Además, los intervinientes incautaron seis equipos DVR correspondientes al sistema de circuito cerrado, cuatro biblioratos que contienen facturas correspondientes al periodo comprendido entre 2021 y 2026, documentación relacionada con reconocimiento de diferencias de facturación, compensación, suministro y acuerdos de pago, además de tres teléfonos celulares.

Según explicó el subcomisario Darío López, la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por un funcionario de la empresa, quien habría sido privado ilegítimamente de su libertad el pasado 17 de agosto.

De acuerdo con la denuncia, el trabajador habría permanecido retenido dentro del recinto de la empresa durante más de 24 horas. Los directivos supuestamente lo acusaban de haber ocasionado un perjuicio económico mediante el faltante de cargas durante los viajes que realizaba como parte de sus funciones.

López señaló que el funcionario cuenta con aproximadamente 15 años de antigüedad en la empresa y que los directivos sostenían que los presuntos perjuicios se habrían producido entre 2021 y 2026.

“Ellos quisieron arreglar de otra forma, le retuvieron ilegítimamente contra su libertad dentro de la empresa por un periodo de más de 24 horas y le hicieron firmar un documento donde él se comprometía a abonar todos los daños que él ocasionó durante estos últimos cinco años”, explicó el jefe policial, haciendo referencia a la denuncia.

El subcomisario indicó que todavía se busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la supuesta privación de libertad. Por ese motivo, entre las evidencias incautadas se encuentran los equipos de circuito cerrado de la empresa.

“Se hizo la incautación de todos los circuitos cerrados para poder ver en realidad qué es lo que pasó, cómo pasó, dónde pasó y cuándo pasó”, señaló.

Según la denuncia, el trabajador habría permanecido en distintos sectores del establecimiento, entre ellos el patio, una oficina y un espacio utilizado como establo.

El Ministerio Público deberá analizar las evidencias incautadas y determinar la eventual responsabilidad de las personas detenidas, mientras continúa la investigación sobre la supuesta privación ilegítima de libertad y los demás hechos denunciados.