Fue fallo unánime de los camaristas Claudia Criscioni, Silvana Luraghi y Arnaldo Fleitas, quienes entendieron que la presentación no cumplía con los requisitos legales para su estudio.

La defensa del procesado en el caso del vaciamiento de ueno bank SA, desde el 12 de noviembre tiene prisión preventiva decretada por el juez Osmar Legal que interinaba a su colega de Delitos  Económicos Rodrigo Estigarribia.

Esto fue apelado por su defensa encabezada por el abogado Cristian Bernal, que planteó recurso de apelación general y requirió medidas menos gravosas.

Según los camaristas, el recurso fue interpuesto en el plazo establecido. Sin embargo, dicen que es inadmisible porque “los agravios expuestos no se corresponden con la alegación de un error en la aplicación del derecho penal material respecto a la calificación provisoria de parte del Juzgado o al derecho procesal penal en el que haya incurrido la resolución del Juez de Garantías”.

Refieren que sostiene el recurrente que no encuentra “fundamentos valederos”, vale decir no está de acuerdo con la resolución.

Explican que la defensa basa su recurso en que el imputado se presentó en forma voluntaria al tener conocimiento de la orden de detención y que ese hecho debería tenerse en cuenta.

No obstante, alegan que la ley establece que existan elementos de sospecha acerca de la comisión de un hecho punible grave por parte del imputado y que existan elementos de sospecha que fundamenten el peligro de fuga o de obstrucción.

Remarca que lo que claramente no cuestiona la defensa es si los hechos atribuidos en grado de sospecha fundamentan la comisión de uno o varios hechos punibles graves que habrían sido cometidos por el procesado, ni por qué, conforme con la expectativa de pena, no existiría peligro de fuga ni obstrucción.

Sobre los requisitos para el peligro de fuga se debe considerar conjuntamente el arraigo y además la pena que podrá ser impuesta y la importancia del perjuicio causado.

Dicen los camaristas que estas circunstancias fueron consideradas en la resolución: la pena que podrá ser impuesta y el perjuicio causado. Respecto al arraigo esta circunstancia no tiene como consecuencia que no pueda ser impuesta la prisión preventiva si se dan los otros dos presupuestos que fundan la prognosis de peligro de fuga.

Argumentan que la defensa sostiene que “rebate lo manifestado por el Juzgado respecto al arraigo porque el acusado tiene familia: esposa, padres, tios que pueden hacerse cargo de los gastos del proceso”.

El Tribunal fundamentó su decisión que se debe tener en cuenta en la gravedad del hecho y el daño patrimonial multimillonario, por lo que evidentemente el recurso debe ser declarado inadmisible, refieren.

En el caso, César Manuel Astigarraga ex titular de la firma Itti SAECA y también del Grupo M SA, este último, desde el 30 de julio hasta el 3 de noviembre de 2025.

La citada firma recibió dos préstamos otorgados a la sociedad durante ese periodo: la operación del 26 de setiembre del 2025, por USD 13.567.500, y otra operación del 31 de octubre de 2025, por la suma de USD 4.321.500, conforme con la imputación, aunque no estaban en condiciones de hacerlo.