Mientras el Senado exigía informes sobre Ueno Bank, el Estado mantenía la inyección de recursos en esa entidad bancaria. Así transcurrió septiembre último para el banco del Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez. Actualmente, el ente bancario y sus directivos enfrentan un sumario instruido por el Banco Central del Paraguay (BCP) por presuntas operaciones financieras dirigidas a subsanar el exceso en los límites legales de crédito con sus empresas vinculadas.

Según la planilla del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ueno Bank captó en septiembre otros US$ 20 millones provenientes del sector público y del Instituto de Previsión Social (IPS). El desglose evidencia que este aumento responde a una mayor captación de recursos en moneda nacional durante un lapso de 30 días.

El comparativo de los documentos revela que, al cierre de agosto de este año, la entidad acumulaba fondos estatales por más de G. 4,8 billones (unos US$ 835 millones al tipo de cambio de ese momento), distribuidos en 3,4 billones de guaraníes y 239 millones de dólares.

En septiembre, estas cifras se modificaron y la entidad sumó cerca de US$ 20 millones en total. La distribución final quedó en 3,6 billones de guaraníes y 233 millones de dólares. En otras palabras, el depósito a la vista en moneda nacional creció G. 173.051 millones, mientras que el saldo en moneda extranjera disminuyó US$ 6,3 millones.

Con estos ajustes, el saldo total de recursos del sector público depositados en el banco alcanzó los G. 4,9 billones, cifra equivalente a unos 855 millones de dólares según la cotización de septiembre pasado.

Entre enero y septiembre, la captura acumulada de recursos públicos y del fondo de jubilaciones del IPS por parte de Ueno Bank superó los 206 millones de dólares. El pico más alto se registró en julio, cuando alcanzó un total de G. 5,1 billones (US$ 862 millones) repartidos entre organismos estatales y sistema previsional.

El banco quedó bajo la lupa de la opinión pública luego de un pedido de informes aprobado por el Senado el 9 de septiembre pasado y remitido a la banca matriz el 16 del mismo mes.

El requerimiento solicitaba copia de un memorando de Fernando Rivarola, exgerente de supervisión del BCP, en el cual exponía observaciones sobre las operaciones de crédito y los límites prudenciales de Ueno Bank con sus firmas vinculadas.

El pasado 9 de octubre, el BCP respondió a la Cámara Alta, pero ninguneó el documento y afirmó que la situación ya se había subsanado. Además, reportó la apertura de un sumario contra la entidad y sus directivos, aunque evitó precisar la fecha de inicio, la cual ocurrió recién el 24 de setiembre último tras la remisión del pedido de informes por parte de los legisladores.

La operación en documentos

Pese a la evasiva del BCP, nuestro diario accedió a documentación interna que incluye informes de la Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras Sistémicas (EFS), extractos de la nota de Rivarola y un memorando enviado por Carmen Marín, directora del ente monetario, al superintendente de Bancos, Holger Insfrán.

En uno de los informes, con fecha 8 de junio de 2026, los supervisores del BCP detallan la operación con el que la entidad intentó desvincularse de tres de sus empresas relacionadas: Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA. Para justificar la desvinculación, el conglomerado empresarial traspasó las acciones a sus empleados y exgerentes. En el caso de Mowi SA y Grupo Hendy SA, las acciones pasaron a nombre de funcionarios de la firma Itti y del propio conglomerado empresarial.

En la primera firma aparecieron como nuevos accionistas José Sala, exsubgerente de Ueno Bank, y Sergio Pizzurno, exgerente general del Grupo Vázquez y actual director comercial de Technoma SA (proveedora del Estado). En la segunda constaban Vanessa Godoy, jefa de Talento Humano en Itti, y Óscar Urdapilleta, empleado de la misma compañía.

Respecto a Grupo M SA, los nuevos titulares pasaron a ser el mencionado Óscar Urdapilleta y Diego Gómez, CEO de Hanoi SA (Monchis), otra empresa ligada al Grupo Vázquez.

Estas sociedades accedieron a multimillonarios sobregiros y préstamos “a sola firma”, “sin garantías reales” y con aprobaciones sin el análisis acabado. El banco concedió condiciones preferenciales, con montos desproporcionados y plazos extendidos, sin verificación previa de la capacidad de pago.

Según el informe técnico de la supervisión, Ueno canalizó cerca de US$ 146 millones (alrededor de G. 880.000 millones) hacia tres de sus firmas vinculadas en un lapso de siete meses. Esta suma representó el 35% del patrimonio efectivo del banco, valor que sobrepasó el límite legal para operaciones con partes relacionadas.

El equipo auditor remarcó que los fondos otorgados mediante estos préstamos pasaban de forma inmediata a otras firmas del Grupo Vázquez –como Itti, Redipro (Red Digital de Procesamiento SA) y Redisa (Red Digital SA)– con el fin de cubrir sobregiros y gastos operativos.

Por su parte, la directora del BCP, Carmen Marín, dejó constancia de una posición de aparente “mayor déficit de solvencia patrimonial”, junto con otros hallazgos vinculados a las dos facilidades financieras otorgadas por la banca matriz por un total de US$ 691 millones en el marco del proceso de fusión con el desaparecido Visión Banco.