Grandes grupos criminales lideran nuestras cárceles con la evidente complicidad de funcionarios. En cada inspección, se incautan armas, computadoras, teléfonos celulares y drogas. Todos estos elementos revelan que nuestras cárceles más bien funcionan como universidades delincuenciales.

La falta de condiciones de seguridad en las penitenciarías debilita la capacidad del sistema penitenciario para rehabilitar delincuentes, así como para prevenir que desde su interior se planifiquen golpes criminales. La carencia de programas efectivos de reinserción social agrava la problemática, perpetuando un ciclo de delincuencia gestado tras los muros carcelarios.

La corrupción y la complicidad de algunos funcionarios penitenciarios con grupos criminales internos han exacerbado la peligrosidad de la situación. La falta de control y supervisión adecuados facilita la organización y ejecución de hechos punibles desde el interior de las cárceles, socavando los esfuerzos por mantener la seguridad ciudadana. El último ejemplo es el atraco al transporte de caudales en Itapúa, del cual se cree que se planeó desde la penitenciaría regional de Itapúa «El Cereso».

Es imperativo que nuestras autoridades no pierdan ni un día más. Es urgente abordar de manera inmediata esta crisis, implementando medidas efectivas para descongestionar las prisiones, mejorar las condiciones de seguridad y erradicar la corrupción en el sistema penitenciario. Solo a través de una acción fuerte, decidida y coordinada se podrá contener el peligro latente que representa esta situación para toda la sociedad.