Aunque las funcionarias denunciantes en principio estaban dispuestas a firmar un pacto de no agresión con la senadora Zenaida Delgado para interrumpir las declaraciones a los medios y filtración de mensajes, las afectadas desistieron cuando una nueva cláusula les exigía entregar sus teléfonos.
“Primero ellos quisieron que nosotros entreguemos el celular para que se puedan borrar todas las conversaciones de WhatsApp. Y que ella iba a mandar su técnico para que se puedan borrar todos los mensajes”, explicó Lidia González, una de las tres funcionarias que hicieron público el caso.
Como consecuencia se negaron a firmar el acuerdo de mediación impulsado por el abogado de la colorada, Óscar Tuma. “No, por ningún motivo vamos a firmar”, respondió tajantemente en comunicación con radio Monumental 1080 AM el último jueves, a la tarde.
Las afectadas temen perder las pruebas más contundentes que tienen acerca del apriete que ejercía la ex Cruzada Nacional para descontarles las bonificaciones y exigirles pagos de hasta G. 150 millones a cambio de sus nombramientos.
Según relató el documento contemplaba además la imposibilidad de presentar una querella contra la senadora y de hablar con los medios de comunicación sobre el caso.
Para González, la firma del acuerdo aportaría al blanqueo de la legisladora que está a un paso de su expulsión del Congreso en medio de una filtración de mensajes y audios que explicarían el esquema de cobro de peaje salarial.
La funcionaria señaló que inicialmente escuchó las explicaciones de la abogada Arizelis Judit Memmel, asociada independiente al estudio jurídico de Tuma y quien había anunciado que este viernes se concretaría la firma del documento.
Sin embargo, después de consultar con otros profesionales, decidió desistir de la negociación y dar por terminado el vínculo con la representante legal. “Ahí yo desistí totalmente”, recalcó.
Se someterá a la Fiscalía
Lidia González sostuvo que su intención es que la investigación avance en el Ministerio Público y que los hechos sean esclarecidos por la Fiscalía.
“Yo lo que estoy exigiendo es justicia y no puedo pisar otra vez mi palabra si estoy exigiendo justicia”, manifestó.
En ese sentido, afirmó que está dispuesta a entregar su teléfono celular como elemento para la investigación y que no tiene inconvenientes en someterse a las diligencias fiscales.
“Mejor ponerse a disposición de la Fiscalía y que la Fiscalía saque sus propias conclusiones”, señaló.
La funcionaria aclaró que las otras dos afectadas mantienen la misma postura de rechazo al acuerdo. También sostuvo que no tiene nada que ocultar ante la posibilidad de que sus declaraciones puedan comprometerla.
“Yo me voy a someter a la justicia, acá no hay nada que ocultar, acá no hay nada que temer”, expresó.
González debía comparecer ante el Ministerio Público, pero la diligencia no se realizó debido a que su abogada presentó una justificación de ausencia por coincidir con un juicio oral. La nueva convocatoria fue fijada para el próximo 3 de noviembre.
Denuncia descuentos
La funcionaria también brindó detalles sobre los movimientos de dinero que forman parte de la denuncia. Según relató, se realizaron transferencias a tres cuentas diferentes y se aplicaron descuentos sobre sus bonificaciones desde el 2023 hasta julio de 2026.
El monto total que menciona ronda los G. 50 millones. González explicó que aceptaba los descuentos por necesidad económica, debido a que no contaba con otra actividad laboral particular.
“A mí no me sacaron el cargo, yo denuncié cuando a mí me quisieron sacar los G. 150 millones”, afirmó. Asimismo, negó haber sido destituida o haber recibido un preaviso como el caso de las otras funcionarias denunciantes.
Según González, la senadora también la acusa de mantener una relación sentimental con su entonces pareja, Gustavo Vera, de falsificar su firma y utilizar su sello. Además, manifestó su molestia porque también se mencionó que se aferraba al seguro médico del Congreso, debido a que su hijo tiene discapacidad, pero la misma negó ser beneficiada por el seguro.
Otro de los puntos mencionados por la afectada guarda relación con un supuesto episodio que involucraría a Mirtha Jara, otra funcionaria a cargo de la senadora.
González relató que su compañera fue convocada al subsuelo del Congreso por Fátima Delgado, hermana de Zenaida. En el lugar, la habrían hecho subir a un vehículo, le quitaron el celular y eliminaron los mensajes antes de devolvérselo.
