En su apelación, la denunciante afirma que la situación de la fiscal del caso, Patricia Sánchez y la Adjunta, Patricia Rivarola, “es muy delicada y tienen un denominador común: en la forma en la que se maneja nuestra justicia es muy complicado investigar e imputar al ‘jefe’, al que tiene tu destino profesional y laboral en la palma de la mano, y a sabiendas que esta actuación te puede costar el cargo”.

Asegura que ambas se encuentran sometidas a la jurisdicción del JEM, cuyo titular es Arévalo, “por tanto, hasta resulta entendible la actuación lamentable de ambas en esta causa, en la cual solo atinaron a blanquear al denunciado”.

Arévalo y Paciello fueron denunciados junto a Hernán Rivas, cuya imputación fue admitida la semana pasada luego de que el senado apruebe su desafuero y al respecto, la denunciante resaltó que “que la diferencia sustancial es que Rivas ya dejó de ser integrante del JEM, mientras que Arévalo no solo continúa en dicha institución, sino que para colmo la preside y se vuelve una situación muy vidriosa ir contra el ‘juez de jueces’”.

Alega que ante este escenario, correspondía que el caso sea dictaminado por una persona que no se encuentre sometida al JEM, es decir el propio Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, “quien al no estar bajo la jurisdicción y competencia del JEM tenía las manos libres para estudiar y analizar los elementos de convicción de la carpeta fiscal sin ataduras de ninguna índole”.

Adelantó además que presentará una “denuncia formal por mal desempeño de sus funciones en contra de la Fiscal Adjunta Patricia Rivarola, para completar la paradoja y darle la oportunidad a su protegido Orlando Arévalo a que el mismo le retribuya el favor desestimando la denuncia en contra de su salvadora”.

Arévalo fue denunciado por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso, a raíz de las dudas sobre su carrera y título en derecho, con el cual accedió a la matrícula de Abogado, mientras que Paciello fue denunciado por tráfico de influencias.

El pasado 13 de febrero el juez Miguel Palacios desestimó la denuncia, tras la respuesta de la Fiscalía Adjunta y en la fecha tuvo por recibida la apelación.

El Observador