El Tribunal de Sentencia encargado de llevar adelante el juicio oral y público contra la exjueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Carolina Rosa Irún Ayala ya quedó oficialmente conformado. La exmagistrada se encuentra acusada por la presunta comisión de prevaricato en el marco de la entrega de unas 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en la zona de seguridad fronteriza del Chaco paraguayo a favor de cuatro empresas offshore. La designación se concreta luego de que la Cámara de Apelaciones ratificara la apertura a juicio para la procesada quien fuera removida de su cargo en noviembre de 2021.

De acuerdo con el sorteo el colegiado estará presidido por la jueza Rossana Maldonado e integrado por sus pares Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz en carácter de miembros titulares mientras que el magistrado Manuel Aguirre participará como suplente. Con este paso procesal los integrantes del tribunal deberán coordinar la agenda judicial para fijar la fecha de inicio del debate público.

La elevación de la causa dictada inicialmente el 14 de abril de 2025 por el juez de Garantías interino Osmar Legal mediante el Auto Interlocutorio N° 75 obtuvo la ratificación de la Cámara de Apelaciones el pasado 18 de junio a través del A.I N° 204. Dicho órgano revisor compuesto por los camaristas Mario Camilo Torres, José Agustín Fernández y Paublino Escobar desestimó el recurso presentado por los representantes legales de la defensa.

Con la confirmación en primera instancia el juez Legal había validado la acusación formulada por la entonces fiscala adjunta de Delitos Económicos Soledad Machuca la cual fue sostenida en la audiencia preliminar por los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez.

Asimismo se dio curso a la querella adhesiva en representación de la Asociación del Espíritu Santo.

Según los antecedentes, esta resolución constituye el segundo intento por avanzar hacia la etapa de juicio dado que una primera elevación firmada el 20 de agosto de 2024 por el juez de Garantías Yoan Paul López.

En cuanto a la causa, el Ministerio Público sostiene que la Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza corroboró que 22 de las 26 fincas objeto del litigio localizadas en el Departamento de Alto Paraguay se encuentran dentro del área de seguridad protegida. En ese sentido la acusación refiere que Irún Ayala dictó la Sentencia Definitiva N° 494 del 23 de noviembre de 2018 sin certificar si las empresas beneficiadas contaban con socios oriundos de naciones vecinas si sus acciones eran al portador o si poseían títulos endosables.

La hipótesis fiscal concluye que la entonces magistrada se apartó de las exigencias contempladas en la Ley N° 2532 incurriendo en conductas que denotan parcialidad y arbitrariedad al momento de resolver la cesión territorial motivos por los cuales deberá responder ante el tribunal de sentencia de forma pública.