La causa investiga presuntas irregularidades en obras de construcción y reparación de 24 comisarías del área metropolitana, contratadas durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior, en 2010. De acuerdo con la acusación fiscal, los trabajos habrían quedado inconclusos o no se habrían ejecutado conforme a lo previsto, pese a desembolsos que superaron los G. 1.131 millones. El senador enfrenta el proceso por la supuesta comisión del delito de lesión de confianza, una acusación que deberá ser dilucidada en el ámbito judicial.

El caso tuvo un giro en septiembre, cuando el Tribunal de Apelación revocó la resolución que había declarado la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo de Filizzola, al considerar que el proceso debía continuar. La defensa cuestiona esa decisión y también recurrió a la Corte Suprema de Justicia mediante una acción de inconstitucionalidad. La nueva recusación suma otro incidente a una causa que lleva años en los tribunales y cuyo avance depende ahora de las decisiones judiciales pendientes.