Esta mañana, varias defensoras públicas, encabezadas por la defensora adjunta Nancy Amarilla, presentaron la acción ante la mesa de entrada de Garantías Constitucionales, donde estuvieron acompañados por los jubilados.

Amarilla explicó que los adultos mayores se ven afectados en sus derechos previsionales y en la alimentación.

De esta manera, solicitan mediante el amparo que “un juzgado de primera instancia ordene a la Caja Municipal corregir la situación y que los cobros sean regularizados”.

“Nos encontramos ante un grupo de personas que gozan de una tutela reforzada por la condición de personas adultas mayores”, apuntó.

Accionaron los jubilados Nury Irala Rivas, Rita Duarte Servián, Reinaldo Medina Méndez, Manuel Pujol González, César Vera Fariña, Ramón Chamorro y Pedro Benítez Aldana.

Plantean el amparo contra la Caja Municipal y quienes ejercen la conducción y administración superior de la entidad.

Sostienen que se da “la grave e ilegítima interrupción de un derecho fundamental de naturaleza previsional, alimentaria y de subsistencia, ya reconocido por la propia entidad accionada y que fuera regularmente percibido por los beneficiarios, cuya efectividad ha sido arbitrariamente suprimida, configurándose una omisión continuada que lesiona de manera actual y permanente derechos constitucionales y convencionales de especial protección”.

Omisión ilegítima

La acción “denuncia la omisión manifiestamente ilegítima y continuada del cumplimiento de obligaciones previsionales de naturaleza alimentaria, previamente reconocidas por la propia demandada, y se solicita tutela jurisdiccional efectiva, a fin de obtener el cese inmediato de dicha omisión y el restablecimiento pleno de los derechos fundamentales vulnerados”.

Hablan de la violación del derecho a la vida y al mínimo vital, el derecho a la salud, a la dignidad humana, entre otras cosas. Citan las acordadas N° 633/2010 y 1024/2015, que hablan de que los jueces tienen el deber funcional de remover activamente las barreras, en especial a los adultos mayores.

Como pruebas citan el urgimiento para el cobro, donde la Caja Municipal informó a través de sus redes sociales la culminación del desembolso de sus haberes del mes de abril, y el inicio del pago escalonado de los haberes de mayo hasta el monto no superior a G. 1.985.054.

Además, como medida de urgencia, solicitan el restablecimiento de los pagos para los accionistas.

Finalmente, solicitan hacer lugar al amparo y que se ordene a la Caja Municipal “el cese inmediato de la omisión manifiestamente ilegítima denunciada, disponiendo el restablecimiento efectivo e inmediato del goce de los derechos fundamentales, actualmente lesionados de los accionantes, todos ellos personas adultas mayores titulares de protección constitucional y convencional reforzada”.

Pedro Benítez, uno de los amparistas, señaló que la situación afecta a unas 2.510 personas, actualmente jubiladas por la Caja Municipal.