En su resolución, el magistrado refiere que los abogados Tarek Tuma y Alcides Cáceres, el 18 de abril pasado, interpusieron recurso de reposición con apelación en subsidio contra el proveído del 15 de abril de 2024, mediante el cual recibió la acusación de la fiscala María Estefanía González contra Jiménez Gaona, Marta Regina Benítez Morínigo y Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger, como autores del hecho punible de lesión de confianza. Además, fijó preliminar para los días 7, 8 y 9 de mayo.

“Los auto interlocutorios atacados por vía de la acción de inconstitucionalidad, no poseen la fuerza de sentencia definitiva, tampoco existe media cautelar dispuesta por la Sala Constitucional de la Corte, por lo que el pedido de la defensa deviene improcedente, y al solo efecto dilatorio”, apuntó el juez.

LA ACUSACIÓN

Fiscala pide juicio oral a Jiménez Gaona y otros por perjuicio de G. 180.000 millones en caso Metrobús

La fiscala Estefanía González acusó y pidió juicio oral por lesión de confianza al exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, en el caso Metrobús, proyecto inservible para la ciudadanía, que causó un perjuicio de G. 180.000 millones al Estado paraguayo, según la acusación de la agente del Ministerio Público. También están incluidos el exgerente del fracasado proyecto, Guillermo Elpidio Alcaraz Reinsinger y la exviceministra de Administración y Finanzas del MOPC, Marta Regina Benítez Morínigo, quien firmó una modificación del contrato con la firma Mota-Engil, que aumentó G. 103.483.670.390, causando menoscabo al patrimonio del MOPC.

“Para el Ministerio Público no existe duda de que los acusados cumpliendo funciones administrativas y teniendo como obligación asumida la protección de los intereses patrimoniales del Estado paraguayo, en el caso de Ramón Jiménez Gaona, ejerciendo la función de ministro en el periodo 2013 al 2018; en el del señor Guillermo Alcides Alcaraz Reinsinger, el cargo de gerente de proyecto “Programa de Reconversión del Centro, Modernización del Transporte Público y Oficinas del Gobierno”, periodo de los años 2017 al 2018 y la señora Marta Regina Benítez Morínigo, viceministra de administración y finanzas del Ministerio de Obras Públicas, en el periodo 2016 al 2018, no cumplieron con sus roles de contralor, de planificar, coordinar y controlar específicamente la ejecución contractual del programa, en el marco de la contratación de la construcción del sistema troncal, Metrobús”, refiere la acusación.

“De esa forma, desprotegieron el interés patrimonial del Estado, generando menoscabo económico sideral, importante. Esto, el Ministerio Público corroboró con la nota remitida a la Municipalidad de Fernando de la Mora, que en parte refiere que “esta institución no otorgó permiso municipal alguno para la ejecución de las obras del proyecto Metrobús en la ciudad de Fernando de la Mora”, declaraciones testimoniales de funcionarios de Contraloría, quienes realizaron los estudios pertinentes y elaboración del informe final de auditoría de cumplimiento al MOPC, de frentistas, quienes expusieron los pormenores del estado calamitoso que vivieron durante el desarrollo de la construcción y posterior abandono de la obra; Informe Final emitido por la Contraloría, donde se enumeran 77 observaciones y que algunos fueron tenidos en cuenta por la Fiscalía para formular imputación; informe de intervención del MOPC, realizado por el interventor, Sixto Morínigo, que describe en la parte conclusiva: “es posible afirma que el proyecto Metrobús presentó serías desprolijidades en todo el proceso de gestión. Esto, significa que la planificación, organización y ejecución y el control de su desarrollo exhibe notoria falta de coordinación…”; denuncia formulada por el señor Ricardo Hernán Pankow Noguera, donde describe las primeras informaciones que sirvieron de noticia criminis para la apertura de la causa; etc., etc.”, dice la acusación.

“Existen elementos suficientes que prueban que Ramón Jiménez Gaona, en función de ministro de Obras Públicas, en el periodo 2013 al 2018, dentro del marco del proyecto Metrobús, no protegió el patrimonio del Estado y generó el pago de 29 certificaciones por un valor de US$ 29 millones, por una obra inconclusa, que no sirve para el beneficio de la ciudadanía”, enfatiza la presentación fiscal.

“Asimismo, el señor Guillermo Alcaraz, ejerció la Gerencia del proyecto de forma desprolija, falta de planificación, de organización, de ejecución, de control del desarrollo y falta de coordinación, que trajo aparejada la no conclusión de la obra y por ende el perjuicio patrimonial al Estado paraguayo, mientras que la señora Marta Regina Benítez Morínigo, como ministra interina, firmó el convenio modificatorio del contrato con la empresa Mota-Engil, por el cual se aumentó el contrato en G. 103.483.670.390, causando menoscabo al patrimonio del Estado paraguayo, antes de protegerla”, añade

El Observador